Señor Director:

La edición de ayer de “El Mercurio” informa que el Tribunal Ambiental de Santiago no tiene un mínimo de integración para funcionar, al quedar con dos de los cinco ministros, siendo necesarios tres magistrados para el conocimiento y resolución de causas. Entre 2018 y 2019 me tocó vivir idéntico escenario, el cual, debo decir, fue abordado por el gobierno de la época, una vez que se conformaron las quinas respectivas.

En este caso, ya se encuentran configuradas las tres quinas asociadas a cupos pendientes. Una de ellas está en manos del actual gobierno hace dos años, esperando ser gestionada. Se trata de un cargo (ministro titular en ciencias) que lleva ¡más de cinco años vacante! Cuesta entender una dilación así y que esto no constituya una prioridad.

Cuidar las instituciones también conlleva asegurar su debida dotación. Los tribunales ambientales necesitan jueces para funcionar con normalidad, y el rol del Poder Ejecutivo en ello resulta fundamental. Si este paraliza los nombramientos, no puede sino debilitarse la justicia ambiental en Chile.

Alejandro Ruiz Fabres
Expresidente del Tribunal Ambiental de Santiago