Aunque nunca fueron allí muy relevantes, las tomas universitarias son una experiencia casi erradicada en los países más avanzados. La idea de que, para expresar un punto de vista, integrantes de una comunidad universitaria puedan tomarse dependencias y, mediante esa acción de fuerza, provocar una suspensión de actividades o de clases es castigada socialmente e incluso con sanciones disciplinarias que son respaldadas, sin matices, por esas mismas comunidades. Por cierto, esto convive, ocasionalmente, con interrupciones puntuales debido a huelgas de profesores en medio de negociaciones laborales. Es algo que ha estado ocurriendo, por ejemplo, en Gran Bretaña a raíz de la caída de los salarios reales y los despidos de académicos, generados, entre otras razones, por el congelamiento nominal de los aranceles universitarios por 15 años (una cuestión a tener en cuenta en Chile, a propósito de la discusión del FES).

La universidad es una institución donde cabe esperar que los asuntos públicos sean objeto de deliberación y discusión, sin dañar sus funciones sociales esenciales, que son la docencia y el cultivo del saber, pues si ellas se lesionan, por legítima que sea la motivación, se está atacando la idea misma de universidad. Es esto lo que torna tan inaceptables las tomas: en la universidad, nunca debe permitirse interrumpir el diálogo razonado y así lo entienden las comunidades educativas de numerosas latitudes. Sin embargo, en nuestro país, y aunque su periodicidad pareciera ir a la baja, estas manifestaciones vuelven una y otra vez. Y cada vez que emergen, se nota esa irracionalidad que nunca debería asentarse en la universidad.

Al respecto, baste pensar en la toma de la Casa Central de la Universidad de Chile que hasta ayer mantuvo un grupo pequeño de estudiantes. En esta, a propósito del doloroso conflicto que desató el ataque terrorista de Hamas en territorio israelí y la desproporcionada reacción del gobierno de Benjamin Netanyahu, la Casa de Bello fue conminada a satisfacer un conjunto de exigencias sin sentido. Entre otras, descartar todo tipo de relación con universidades de Israel. Este es el más claro reflejo de una incomprensión de la idea de universidad. En dicho país, ellas son instituciones autónomas que intentan avanzar en el conocimiento, formar a los jóvenes y deliberar racionalmente sobre asuntos públicos. Por ello, hay una comunión obvia con planteles de otras latitudes, incluida la Universidad de Chile. El “rompimiento de relaciones universitarias” demandado no significaba ningún daño al gobierno de Israel, pero sí a la racionalidad que debe imperar en una casa de estudios. La rectora Devés estuvo en lo correcto al condenar esta acción de fuerza que finalmente conluyó ayer, pero el repudio debió ser más generalizado y abarcar a toda la comunidad universitaria. El castigo social es un inhibidor importante de estos actos incomprensibles.

En otras pocas instituciones las actividades también se han visto suspendidas por movilizaciones, aunque los motivos, como en la Universidad de Santiago, no siempre han sido los mismos, si bien el denominador común ha sido la incapacidad de comprender la naturaleza de la universidad y la importancia de que ella esté siempre funcionando para acoger el diálogo razonado. De otra manera, se produce una cancelación del debate intelectual. Este es un fenómeno que ha estado presente en la discusión de países más avanzados en los últimos lustros, pero a propósito de los intentos de prohibir que ciertos académicos, intelectuales públicos o ideas puedan tener tribuna en sus aulas. En años más recientes, desde el interior de muchas de las propias universidades, ha crecido la convicción de que esa actitud solo ha sido perjudicial para su devenir. Hay poca conciencia en nuestro país de que las tomas también son una forma de cancelación, quizás aún más agresiva y, por tanto, deben ser objeto de la condena más absoluta. Pero esta condena sería mucho más eficaz si se expresara con mayor fuerza desde las propias comunidades universitarias. Hoy, lamentablemente, y más allá de las advertencias de algunos de sus académicos, el reproche hacia estas acciones tiene menos volumen del que su gravedad demanda.