La discusión del proyecto sobre “protección de personas defensoras de la naturaleza y los derechos humanos medioambientales” sugiere un retorno del debate ambiental, pero en su versión más radicalizada. Las ponencias vertidas en la sala de la Cámara, que esta semana lo aprobó en primer trámite, reflejan una visión incompatible con el desarrollo, como la que campeó en la fallida Convención.

Aunque el proyecto había sido presentado antes, el debate estuvo marcado por las referencias a Julia Chuñil, dirigenta mapuche desaparecida en noviembre de 2024, un caso que exige los máximos esfuerzos del Estado para su esclarecimiento, pero en torno al cual también se ha desarrollado una intensa movilización de sectores de izquierda, con alcances de abierta utilización política. Parte de ello se advirtió en los planteamientos de los parlamentarios, aparentemente fundados en la creencia de que los problemas, en este caso de carácter policial y de resguardo de la seguridad, se resuelven dictando normas legales. Así, la iniciativa pretende reconocer una nueva categoría de personas, los “defensores ambientales”, que gozarían de protección jurídica especial respecto del resto de los ciudadanos.

Pero más preocupante que esa insistencia en establecer categorías o fueros fue el tono del debate. El agresivo lenguaje para caracterizar a los inversionistas que buscan crear valor y las expresiones de desprecio a la ley de “permisología” revelan una visión refractaria al uso sustentable de los recursos naturales. Al parecer, conciben que la “defensa de la naturaleza” y de los “derechos humanos medioambientales” se logra calificando como dañina cualquier alteración, criterio que imposibilitaría su uso para beneficio de la población.

Ello condenaría al país al subdesarrollo. Y es que el sentido de las normativas y de la evaluación ambiental no es detectar eventuales impactos que sirvan de pretexto para prohibir proyectos, sino que mitigar esos impactos apoyándose en el conocimiento científico, para así aprovechar sus beneficios. De ahí que la forma correcta de abordar el tema se funde en la noción de que la utilización de los recursos naturales —cobre para electrificar el planeta y sustituir combustibles fósiles, energía verde con el mismo propósito, tierras raras para profundizar la digitalización, etc.— es útil y beneficiosa para la sociedad cuando las mitigaciones requeridas son correctamente exigidas. Adicionalmente, lo tributado por esos proyectos sirve para que los gobiernos mejoren las condiciones de vida de la población.

Al parecer, sectores afines al Gobierno, internalizando una probable pérdida del poder, buscan reagrupar fuerzas en torno al tema ambiental. El debate público debe servir para evidenciar su fundamentalismo, y para que se vuelva a poner a las personas y su bienestar como las prioridades a perseguir.