Pese a encontrarse acreditada la vulneración flagrante y reiterada de normas esenciales para el resguardo de la probidad funcionaria y la recta administración de justicia, el Pleno de la Corte Suprema resolvió en votación dividida mantener en el cargo de ministro de Corte a Antonio Ulloa. La decisión contrasta con la exoneración de la exministra Verónica Sabaj, acordada hace algunas semanas. Estas determinaciones dieron lugar a que un grupo de diputados promoviera una acusación constitucional en contra de Ulloa y, también, a la presentación de una solicitud de reconsideración por parte de Sabaj.

En ambos casos, igual que en el de la removida exministra Ángela Vivanco y en los graves cuestionamientos a la fiscal regional de Santiago oriente, Lorena Parra, gran parte de la evidencia proviene de varios miles de mensajes intercambiados por el abogado Luis Hermosilla con estas mismas personas o con otras en referencia a ellas. Estos chats ponen de manifiesto la extraordinaria familiaridad con que este y otros abogados se relacionaban con los mismos funcionarios judiciales o de la Fiscalía de los cuales dependía directa o indirectamente el destino de sus asuntos profesionales. Esta estrecha relación se vinculaba con frecuencia al interés del funcionario en obtener un nombramiento, para lo cual solicitaba la intervención del abogado Hermosilla o de otros que tuvieran o se atribuyeran influencia sobre el Ejecutivo o sobre jueces con poder de decisión. Existen mensajes en los que incluso aparece mencionado el actual fiscal nacional, quien hasta después de su nombramiento consideró necesario “limar asperezas” con Hermosilla, conocido litigante en materias penales y, por tanto, también dependiente de las decisiones del ente persecutor. En el caso de Parra, los mensajes revelan que, siendo fiscal jefe de Las Condes, solicitó y obtuvo la intervención de abogados que litigaban y siguen litigando ante ella para obtener los votos que le permitieron acceder a su actual cargo. Es decir, los mensajes incautados dan cuenta de vastas y densas redes de poder e influencia que corrompen las altas esferas de la Fiscalía y el Poder Judicial.

Estas redes continúan vigentes y están produciendo sus peores consecuencias, pues quien tiene el control de los mensajes comprometedores, tiene también el control de las personas comprometidas. Un episodio ocurrido esta semana puede servir como ejemplo. Bastó que Sabaj diera una entrevista a “El Mercurio” comparando su caso con el de Ulloa, para que un medio electrónico publicara una selección de mensajes desconocidos hasta ahora que la dejan en un muy mal pie, al menos en su imagen. No es posible descartar que los jueces que apoyaron con su voto a Ulloa —varios de los cuales corresponden a nombramientos relativamente recientes— lo hicieran con el temor de que una decisión distinta los expusiera a la revelación de nuevos mensajes incómodos.

Resulta crucial para la buena salud de las instituciones que el universo completo de estos mensajes, que siguen corrompiendo el funcionamiento de la Justicia y la Fiscalía, se haga público de una vez. Es simplemente escandaloso que su custodia haya sido y continúe entregada a las mismas personas que pueden tener interés en su ocultamiento o, peor, en su utilización selectiva para la protección de sus intereses.