Luego de dos años de desviaciones significativas, las que incluso significaron el incumplimiento de la meta fiscal, la atención técnica está puesta en el cierre de 2025 y en el proyecto de Ley de Presupuestos para 2026. Ambos están interrelacionados. Un nuevo descalce entre lo planteado por el Ministerio de Hacienda para este año y las cifras devengadas en diciembre tendría implicancias adicionales sobre el nuevo manejo fiscal que se iniciará en marzo.

Un primer punto a considerar es que la evolución del gasto del Gobierno —sin mediar emergencias o crisis de importancia— depende básicamente de la ejecución de los montos previamente asignados el año anterior. Así, de acuerdo con el Informe de Finanzas Públicas de septiembre, el gasto del Gobierno Central Total se espera sea cercano a los 82.532.174 millones de pesos al final de este año. Sin embargo, la evolución intra-anual de los ingresos está sujeta a mayor volatilidad, pues sus distintos componentes pueden verse afectados por factores como el desempeño de la economía (con su impacto sobre las distintas bases impositivas) y el valor en los mercados internacionales del cobre y el litio. A esto se agrega que, para efectos del cálculo de los ingresos estructurales, la autoridad fiscal debe realizar distintos ajustes sobre los ingresos efectivos, lo que puede generar diferencias entre el balance estructural definitivo y el inicialmente planeado. En los últimos años, estos descalces han sido un dolor de cabeza para la Dirección de Presupuestos (Dipres), ganándole duras críticas. Es de esperar que esta vez el apoyo técnico entregado por el Fondo Monetario Internacional desde el cuarto trimestre de 2024 contribuya a evitar nuevos errores.

Sin embargo, un estudio detallado de los niveles de ingresos asumidos por Hacienda hacia el cierre de 2025, en conjunto con las cifras acumuladas que reporta mensualmente la Dipres, ya comienza a generar preocupación. Específicamente, la autoridad proyecta ingresos totales por $75.010.477 millones, lo que, considerando las proyecciones de gastos, arrojaría un déficit efectivo de 2% del PIB y uno estructural de 2,2% del PIB en diciembre (el doble de lo que se proyectaba en enero pasado).

Ahora bien, de acuerdo con los datos publicados por la Dipres, los ingresos totales acumulados hasta agosto alcanzaban los $47.821.226 millones, lo que representa solamente un 64% del monto proyectado hasta diciembre. De esta forma, el monto de ingresos que se recaude entre septiembre y diciembre será fundamental para evitar nuevas sorpresas. Sin embargo, un cálculo simple sugiere que tal posibilidad no debe ser descartada. Si se proyectan los ingresos de los últimos cuatro meses de 2025 en función de lo observado en el mismo período de 2024 y del ajuste inflacionario, se alcanza un monto total cercano a los $73.173.700 millones, un 2,4% por debajo de lo asumido por Hacienda. Para evitar este descalce, se debería producir un aumento real de más del 7% en los ingresos fiscales del período comprendido entre septiembre y diciembre, respecto del mismo período de 2024, a lo cual debería contribuir un crecimiento real por sobre el 8% del ítem “Ingresos tributarios netos”.

Estas tasas, sin embargo, no parecen consistentes con una economía que se expandirá marginalmente por sobre su crecimiento tendencial, lo que hace prever déficits efectivos y estructurales arriba del 2,5%. De esta forma, no es posible descartar un empeoramiento de la situación fiscal respecto de lo proyectado por Hacienda.

Los riesgos para 2026

De ocurrir lo anterior, las proyecciones de déficits para 2026 también sufrirán un deterioro significativo.

Para entenderlo, es necesario notar que el proyecto de Presupuesto 2026 considera gastos totales por $86.256.836 millones (un 1,7% real superior al de 2025) e ingresos por $81.019.982 millones (un 4,7% real superior a la cifra proyectada por Hacienda para 2025). De esta forma, el déficit efectivo que se anticipa para el próximo año alcanzaría el 1,5% del PIB. Sin embargo, si la base de ingresos para 2025 resulta en definitiva inferior a la proyectada, también será necesario ajustar a la baja el total de ingresos que se recolectarán durante 2026. Eso sumaría presiones adicionales sobre el déficit de ese año y, por el mismo mecanismo, sobre los siguientes.

Así, estamos frente a riesgos presupuestarios que, de concretarse, deberán forzar ajustes de gastos de gran magnitud durante el primer año del próximo gobierno, solo para evitar un mayor deterioro de nuestras cuentas fiscales. Por cierto, estos recortes serían adicionales a los que varias de las candidaturas de oposición ya han planteado. Alternativamente, se podrían mantener los niveles de gasto, pero a costa de un aumento en el endeudamiento que podría llevar nuestras obligaciones financieras rápidamente sobre el nivel prudencial, definido como un 45% del producto.

Por todo esto, el debate parlamentario del presupuesto de 2026 cobra especial relevancia. Cualquiera sea la naturaleza de los errores o decisiones con el potencial de amplificar los déficits futuros, es primordial evitarlos y realizar los ajustes necesarios a la brevedad. Si esto implica una revisión a la baja en los niveles de gastos o la incorporación de cláusulas que habiliten desembolsos en función del logro trimestral de las metas, mientras antes se cuente con ello, será mejor. El país no puede seguir con la preocupante tendencia al alza de los déficits fiscales. Esto no habla ni de una institucionalidad que se respete ni de una autoridad ocupada de asegurar la responsabilidad fiscal.