Señor Director:

Un país que aspire a desarrollar su economía requiere de una coordinación regulatoria efectiva del Estado. Sin esto, la regulación puede transformarse en un obstáculo para el propio desarrollo. Un ejemplo en el sentido contrario ha sido la implementación de los prefijos telefónicos para llamadas comerciales que incluyó, equivocadamente, actividades ya reguladas como la cobranza extrajudicial.

Si bien la norma era bien intencionada, la falta de diálogo interinstitucional derivó en efectos colaterales no previstos.

La medida dictada por la Subtel busca proteger a las personas de fraudes y abusos, pero afectó, sin querer, la gestión de cobranza extrajudicial, pieza clave para este tipo de créditos que no tienen garantía. Identificar estas llamadas con un prefijo especial ha dado espacio para que muchos deudores no respondan estas llamadas, lo que, sin duda, impactará en la morosidad y el consecuente encarecimiento del crédito. Esto puede tener un fuerte impacto en los sectores más vulnerables que dependen del acceso a crédito para salir adelante, con el riesgo (real) de caer en el financiamiento informal, con condiciones usureras y eventuales vínculos con el crimen organizado. Una política pública que pretende proteger al consumidor de abusos podría terminar así exponiéndolo a algo mucho peor, ser víctima del crimen.

Y el tema no termina ahí.

Proteger a las personas de fraudes es un deber ineludible, pero hacerlo sin coordinación, sin diálogo, análisis de impacto o sin liderazgo, puede generar más problemas que soluciones. Y el problema mayor es que, lo que parece un error puntual, se transforme en la regla general, donde la política pública termina siendo la improvisación.

Esteban Carrasco Zambrano
Economista, exsubsecretario de Economía