Con su quorum mínimo —tres de cinco integrantes— se encuentra funcionando, desde el 5 de septiembre, el Consejo de la Alta Dirección Pública, organismo a cargo de los procesos de selección para los altos cargos de la administración del Estado. Ello, luego de que en esa fecha concluyera el período de dos de los consejeros, sin que hasta ahora el Presidente de la República haya propuesto al Senado, para su ratificación, los nombres de sus reemplazantes. Según se ha precisado desde la propia ADP, esta integración reducida no paraliza su trabajo, el que continúa desarrollándose. Sin embargo, sí introduce limitaciones en su labor y constituye una inconveniente señal hacia una institución clave en los intentos por modernizar nuestro Estado.

Y es que si bien en estos 30 días se han seguido desarrollando los procesos de selección ya en marcha, la ley establece que, por faltar menos de ocho meses para el término del actual período gubernamental, cualquier nueva convocatoria para un cargo de alta dirección debe ser autorizada por al menos cuatro de los cinco titulares del Consejo, de modo que la falta de dos de ellos impone una importante restricción. Un inconveniente adicional surge del hecho de que el quorum mínimo para sesionar es precisamente de tres miembros, con lo cual basta la ausencia momentánea de uno de los actuales consejeros en ejercicio para impedir su funcionamiento.

Puede que estos inconvenientes le parezcan menores o hasta le resulte más cómodo al Gobierno, en esta etapa final de su mandato, recurrir a subrogantes que impulsar nuevos procesos, con todas las formalidades y exigencias que ellos implican. Tal estado de cosas, sin embargo, debilita una institucionalidad valiosa y necesaria, cuya instalación supuso vencer la natural reticencia de las autoridades políticas a ceder parte de sus atribuciones en el nombramiento de funcionarios estatales. De esa manera, se pretendió dotar a la administración pública, a través del tiempo, de una planta cada vez más profesional, que respondiera a las necesidades de sus reparticiones sin sesgos ideológicos, favoritismos o propensión a devolver favores. No exenta de problemas, ha contribuido, sin embargo, a garantizar estándares mínimos en los altos cargos del Estado, y prueba de ello es que sucesivas reformas han ido ampliando su rango de acción, el que hoy incluye su participación, por ejemplo, en el nombramiento de directores de Codelco o incluso, según la última modificación legal, en los concursos para la designación de notarios.

De ahí que la mantención de las vacantes en la composición de su Consejo, aun más allá de sus efectos prácticos, entrega una señal de menor valoración de su labor por parte del Gobierno, toda vez que la necesidad de nombrar los cupos faltantes era algo anticipable desde hace tiempo y, sin embargo, quedó en los hechos relegado de las prioridades del Ejecutivo. Puede haber muchas hipótesis para explicar esta demora, incluida la eventual dificultad política para concordar nombres. Cualquiera sea la razón, el Gobierno haría bien en resolver a la brevedad el caso, dando muestras de sí comprender la importancia de la ADP, pero además, haciéndolo con figuras que den garantía de neutralidad y profesionalismo en ese trabajo.