La discusión del Presupuesto 2026 evidencia la ingente estrechez fiscal que heredará la próxima administración. Así, para 2026, el cumplimiento de la meta de déficit estructural de 1,1% del PIB podría requerir un ajuste significativo de gasto público, el cual las estimaciones preliminares de algunos expertos sitúan en niveles cercanos a los 1.300 millones de dólares. Dicho en otras palabras, esto significa que, a propósito del debate sobre los espacios de recorte en el gasto fiscal, una parte importante de ese ajuste será necesaria simplemente para cumplir con la meta después de haber corregido una sobreestimación de ingresos que, según esos especialistas, podría rondar el 0,4% del PIB.

En los años siguientes, la situación se avizora igualmente compleja. En efecto, de acuerdo con el Informe de Finanzas Públicas que acompaña la presentación del presupuesto, para cumplir con la convergencia a una meta de balance estructural de 0% del PIB al 2029 se requerirá un crecimiento del gasto apenas algo superior al 1% por año, incluso si el ajuste de ingresos sobreestimados se completa durante 2025. Con todo, más allá de los números específicos —que sin duda importan, pero están sujetos a numerosos supuestos e importante incertidumbre—, el mensaje de fondo es que el espacio de crecimiento del gasto fiscal hacia adelante resulta virtualmente nulo.

Dos opciones aparecen como viables para enfrentar esta situación. La primera dice relación con los ajustes fiscales que han prometido diferentes candidaturas presidenciales, los que permitirían incrementar el gasto en algunas partidas prioritarias, como seguridad, sin incrementar el déficit. En este sentido, la discusión en torno a guarismos específicos no debe opacar la necesidad de entregar un mensaje contundente: se requiere un ajuste importante en el gasto, especialmente si también se estima necesaria una rebaja en el impuesto corporativo para devolver dinamismo a la inversión y el empleo.

El camino alternativo es postergar la convergencia del déficit estructural, lo que permitiría aumentar el gasto y de paso llevar la deuda a niveles superiores al 45% del PIB. Algunas candidaturas, como la de la postulante oficialista, Jeannette Jara (PC), han flirteado con esta idea, relativizando las estimaciones que establecen ese guarismo como un límite prudente para el nivel de deuda pública. Por cierto, no hay nada definitivo en las estimaciones de deuda prudencial, pero no sería adecuado que, sin mediar argumentos técnicos ni estudios serios, se relajaran las restricciones que de alguna manera el país se ha autoimpuesto para limitar el espacio de gasto fiscal. Esto, más aún cuando la regla de balance estructural ha perdido certeza y credibilidad, y el establecimiento de un límite a la deuda pública ha surgido como un complemento de ella. No sería una buena señal que este límite fuera perforado la primera vez que aparece como restrictivo.