Se ha materializado finalmente el desalojo y demolición de la toma ubicada en el sector Calicheros, en Quilpué. Se ha puesto así término a una larga y trágica historia que conllevó no solo el atropello del Estado de Derecho, sino que el homicidio del dueño del terreno, Alejandro Correa, en 2020.

En efecto, en un caso con rasgos que por entonces parecían inéditos en Chile, Correa fue asesinado por un sicario días después de haber denunciado ante la fiscalía los primeros intentos de usurpación de su propiedad, tras detectar el ingreso de personas con maquinaria y el marcaje de sitios. La investigación judicial estableció que el autor material del homicidio, un ciudadano colombiano, actuó pagado por el propietario de un terreno vecino, Renato López, quien mantenía un conflicto con Correa tras haber instalado una escombrera que ocupaba parte del sitio de este último. Pero, pese a la visibilidad que adquirió el caso, la toma siguió adelante después del crimen, con la instalación de decenas de familias y hasta con un “vocero” que daba entrevistas a los medios. Este, en un proceso judicial paralelo, fue condenado en 2023 por loteo ilegal, aunque sin ir a prisión. Durante la indagatoria por el homicidio se conocieron escuchas de conversaciones entre él y el autor intelectual, pero no hubo pruebas sobre una eventual participación suya en el crimen.

La familia del empresario asesinado, sin embargo, no solo debió sufrir las siniestras circunstancias que rodearon la muerte de su ser querido, sino además la indolencia del Estado frente a la usurpación del terreno que desencadenó la tragedia. Y que si bien en junio de 2021 la Seremi de Vivienda declaró ilegales las construcciones y ordenó su demolición, debieron pasar años y una larga batalla administrativo-judicial para que esa resolución se cumpliera, lo que vino a ocurrir recién la semana pasada, más de un año después del fallo que dictara en ese sentido la Corte de Valparaíso. Clave en este resultado ha sido el papel desempeñado por Valentina Correa, la hija del empresario, quien, en su perseverante búsqueda de justicia, ha dado un testimonio que impacta por su valentía, pero también por advertir los alcances de un caso como este. “Recuperar el terreno de mi papá es fortalecer el Estado de Derecho y la democracia”, ha dicho. Y en efecto, terminar con esa situación de ilegalidad tiene un valor que va más allá de la situación particular del terreno en Quilpué. Se trata, en definitiva, de la capacidad del Estado para garantizar el respeto de los derechos de las personas y el imperio de la ley, hoy gravemente menguado en distintos lugares de Chile. Desde esa perspectiva, con su lucha, Valentina Correa ha prestado un valioso servicio al país.

En otra arista de este mismo episodio doloroso, se hace patente el daño causado por la relativización del derecho de propiedad en años recientes, con hitos como el estallido de 2019, al alero del cual avanzaron numerosas tomas; la Convención Constitucional, que intentó debilitar su protección jurídica, y la campaña presidencial de 2021. Al respecto, baste recordar que el entonces candidato Gabriel Boric prometía que en su gobierno no habría desalojos a menos que hubiera una solución habitacional disponible, mientras que su futuro ministro Giorgio Jackson hablaba de un win/win para abordar el problema.

Sin duda, el caso de la toma de Los Calicheros se transformará en un emblema trágico, por todo el sufrimiento involucrado y porque debiera marcar un momento decisivo en la recuperación del Estado de Derecho. Más aún al haber develado las oscuras maniobras que se desarrollan en torno a tomas que, lejos de constituir acciones espontáneas, obedecen a verdaderas operaciones criminales que lucran y se aprovechan de pobladores en busca de una solución habitacional.