El último acuerdo del Gobierno con la oposición para establecer una multa a los ciudadanos en caso de no votar deja una consecuencia gravísima: la inestabilidad futura del cuerpo electoral. Hasta ahora, es la Constitución la que define quiénes tienen derecho a sufragio, que se declara obligatorio, delegándose a la ley solo la sanción aplicable. Pero ahora, fruto de este acuerdo, la ley determinará además quiénes forman parte del cuerpo electoral sancionable por no votar, siendo indiferente si tienen derecho a voto o no. Este cambio es gravísimo para la democracia, porque deja reglas electorales críticas a las mayorías transitorias de una ley, y no a acuerdos transversales estables, reflejados en la Carta Fundamental.

Como se sabe, la postura del Gobierno durante la tramitación de esta iniciativa fue oponerse a las sanciones a los extranjeros que, teniendo derecho a voto, no ejerzan este derecho. Las multas quedarían únicamente reservadas a ciudadanos chilenos. Pero resulta que el artículo 15 de la Constitución, precisamente para asegurar que todo aquel que tiene derecho a voto sea sancionado si no lo hace, dispone que la ley creará sanciones para los “electores”. Esto hacía al acuerdo inconstitucional, porque el proyecto habría estado dejando a electores sin sanción. Entonces la contrapropuesta del Ejecutivo fue derechamente eliminar la palabra “electores” del referido artículo 15. Y los partidos de Chile Vamos aceptaron esta miope idea, que permitirá en el futuro eventuales manipulaciones del cuerpo electoral, al gusto de las encuestas y mayorías de turno. Fue este el epílogo de la estrategia de verdadero chantaje que siguió el Gobierno durante toda la discusión del proyecto, cuya aprobación ¯pese a estar involucrado aquí un mandato constitucional¯ La Moneda y el oficialismo condicionaron a la referida exención de los extranjeros. Ante ello, la oposición debió aceptar como mal menor la fórmula del Ejecutivo ¯de lo contrario no habría habido sanciones para nadie¯, pero lo resuelto tiene alcances cuya gravedad no debe pasarse por alto.

Así, no pasará mucho tiempo antes de que posibles habitantes de La Moneda sugieran que debe excusarse de sanciones por no votar a otros segmentos de electores, como ciudadanos con tal o cual grado de vulnerabilidad, o condición médica tal o cual, o cualquier otra categoría. En una democracia seria y madura, esto es inaceptable, porque nos acerca a prácticas de países con instituciones menos prestigiadas y prácticas populistas cuyas reglas suelen cambiar con cada rotación del poder.