La desprolijidad, el apuro y la inconsistencia siguen acompañando al Gobierno en su último año en el poder.

Un ejemplo es lo que ocurre con los recursos destinados al financiamiento de la política. Estos hoy incluyen tanto el reembolso a partidos y candidatos por sus gastos de campaña como un aporte basal para el funcionamiento de las distintas colectividades. El monto que se asigna se define según el número de votos que se consiga en las elecciones. En el caso de los reembolsos, la ley los fija en UF 0,04 por voto para los candidatos y UF 0,015 para los partidos; en cuanto al financiamiento basal, se entrega a cada partido una cifra anual equivalente a UF 0,04 por sufragio obtenido en la elección parlamentaria. El punto es que, luego del retorno del voto obligatorio, que ha duplicado la participación electoral, los montos a entregar también se duplicarían: un aumento ciertamente injustificado, considerando que el hecho de que sufraguen más personas no significa un mayor costo de las campañas o de la actividad política.

La situación era conocida por todos, pero insólitamente recién ha sido abordada por el Gobierno en el proyecto de Ley de Presupuestos ingresado la semana pasada al Congreso, con las campañas ya en marcha. Específicamente, se plantea allí reducir el reembolso por voto a UF 0,026 para los candidatos y UF 0,01 a los partidos. Esto parece razonable, pero al ser abordado con esta tardanza introduce un factor de incertidumbre que pudo evitarse de haberse actuado con mínimo sentido de anticipación. En efecto, dados los tiempos de tramitación, lo más probable es que el Presupuesto sea despachado por el Congreso en forma posterior a la elección del 16 de noviembre; de este modo, los postulantes llegarán a los comicios sin tener claridad respecto de cómo se calculará el monto de financiamiento a sus campañas. Pero aún más complejo es lo que podría ocurrir luego del 16, cuando parlamentarios que hayan ido a la reelección deban eventualmente votar si aprueban o no la fórmula, sabiendo ya exactamente los montos de devolución que recibirían en uno u otro caso. Se trataría de un conflicto de interés inédito, que debiera intentarse evitar procurando tener al menos zanjado este tema con anterioridad a los comicios. En cualquier caso, una mínima previsión pudo haber resuelto este punto hace meses presentando oportunamente un proyecto específico sobre el tema.

Pero si cuesta entender aquello, lo que se plantea en la misma Ley de Presupuestos respecto del financiamiento basal a los partidos desafía el sentido común. Y es que, refutando aquello de “a misma razón, misma disposición”, el Gobierno optó en este caso por mantener la fórmula de UF 0,04 por voto, limitándose solo a poner un tope máximo para el monto global a repartir, equivalente a una participación del 60% del padrón. Si se piensa que la participación en los comicios de 2021 —sobre la base de la cual se calcula el actual aporte— fue del 47%, la propuesta del Gobierno significa un más que generoso —e inexplicable— reajuste de los aportes del Estado para los partidos.

En tiempos de desprestigio de la política y cuando la fragmentación alcanza niveles que debilitan nuestra democracia, es difícil imaginar una fórmula más eficaz para agudizar el malestar ciudadano frente a la actividad pública.