La Fiscalía Nacional Económica (FNE) ha acusado de colusión a siete empresas dedicadas al procesamiento y comercialización de centolla magallánica. Según el requerimiento, en un período que se habría extendido al menos entre 2012 y 2021, las empresas se habrían coordinado para mantener bajos los precios que pagaban a los pescadores artesanales que extraían el recurso. La acusación se extiende a sus ejecutivos, que arriesgan no solo multas, sino, potencialmente, penas aflictivas. La principal empresa del sector se acogió al procedimiento de delación compensada, por lo que probablemente ella y sus ejecutivos podrán escapar a estas sanciones.

Según parece, estas prácticas podrían haber sido incluso previas a 2012. De hecho, una de las ejecutivas declaró que la coordinación entre firmas supuestamente competidoras era una “práctica normal que pasó a ser sancionada por la ley”. De acuerdo con los antecedentes que se han conocido, las empresas se comunicaban los precios que pagaban y las eventuales desviaciones que observaban en algunos de los actores. La evidencia está registrada en comunicaciones que datan desde 2012, tanto escritas como en registros de conversaciones que detalla la FNE en su presentación.

A diferencia de otros requerimientos por colusión realizados en los últimos años —como en transporte público, gases industriales, panaderías, ampollas médicas, transporte de valores o licitación de casinos— en que los perjudicados son los clientes (o, en los casinos, los municipios), aquí los afectados serían los proveedores, al haberse mantenido precios de compra para la centolla más bajos que los que habrían resultado de haber existido efectiva competencia entre las empresas procesadoras. En cuanto a los consumidores, en cambio, no hubo mayor efecto, dado que la mayor parte de la producción (96,6) era exportada. De cualquier forma, sean los perjudicados consumidores o proveedores, el impacto de las conductas colusivas es igualmente negativo.

En este caso, los acusados por la FNE se habrían comportado como un monopsonio. En general, los efectos de este tipo de conducta son, primero, reducir los ingresos de los proveedores y, segundo, reducir también la producción por debajo de lo eficiente. Sin embargo, al tratarse de una actividad pesquera, cuya producción está previamente limitada, el efecto de la colusión es simplemente el de una transferencia de ingresos desde los pescadores a las empresas elaboradoras. Esto no hace menos nocivo lo presuntamente ocurrido, pues implica la utilización de un medio ilegal para transferir ingresos desde un segmento productivo a otro.

La multa solicitada por la fiscalía es de un 30% del valor pagado en las compras durante todos los años en que se habría mantenido el comportamiento ilícito. Así, los montos para las empresas podrían sumar hasta US$ 54 millones, asignados según la participación de cada una en el mercado. A su vez, los ejecutivos podrían llegar a pagar montos que alcanzan en algunos casos a casi $100 millones, además de enfrentar eventuales responsabilidades penales, dado que la colusión se habría extendido hasta después de la reforma legal de 2016. Por último, si el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia determina que efectivamente existió la conducta cuestionada, deberá establecer la compensación que impondrá para beneficio de los pescadores artesanales perjudicados. No es descartable que todo esto signifique la quiebra o la venta de algunas de las empresas involucradas, que difícilmente dispondrán de estos montos de recursos líquidos.

Lo anterior muestra que las sanciones por colusión son fuertes y deberían ser disuasivas. Pese a ello, cada cierto tiempo se descubren casos de este ilícito en nuevos sectores. Esto indica, primero, que se trata de prácticas que siguen siendo recurrentes en algunas áreas, y, segundo, que en muchos sectores parece no haber una clara percepción de los riesgos que implica incurrir en ellas.