El tratamiento que en Chile reciben los niños, niñas y adolescentes que han sufrido una violación de sus derechos ha sido un continuo dolor de cabeza para las autoridades. Las experiencias recogidas en el Sename fueron de tal envergadura que sacudieron al país con la muerte de una niña por el maltrato recibido en uno de sus hogares. Desde entonces se han pensado y diseñado muchos esquemas para hacer frente a esta clase de necesidades, pero las últimas informaciones que se han difundido, las que revelan ingresos forzosos de niñas que requieren atenciones complejas a hogares no especializados, han alertado al país de que no es mucho lo que se ha avanzado.

El Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, también conocido como Mejor Niñez, fue creado en 2018 como un organismo público que depende del Ministerio de Desarrollo Social y cuya función es restituir los derechos y reparar el daño que han sufrido muchos niños y adolescentes en situaciones familiares confusas o violentas, a menudo por abandono debido al consumo de drogas o por cualquier otro motivo. Su creación fue el resultado de la terrible experiencia del Sename, que reunía tanto a aquellos niños y jóvenes que presentaban conductas delictuales como a quienes eran víctimas de atropello a sus derechos. En Mejor Niñez quedaron solo quienes requerían atención especializada para superar los graves abusos que habían sufrido, y tales atenciones se entregarían mediante cinco clases de acciones que van desde el diagnóstico del daño recibido hasta la adopción en casos de abandono familiar.

En el último tiempo, sin embargo, ha trascendido la realidad que deben enfrentar estos niños, que no corresponde a una imagen idealizada como la que parece desprenderse de las palabras de la ley. Las resoluciones de los jueces, apegadas a los textos legales, disponen ingresos forzados a hogares saturados, no especializados, de jóvenes víctimas que sufren graves trastornos que requieren de una atención médica, psicológica o psiquiátrica. Estos jóvenes, a menudo seriamente afectados por trastornos de estrés agudo, presentan conductas de alta complejidad, que incluyen el infligirse autolesiones o manifestaciones agudas de agresividad que perturban por completo la frágil paz que se logra establecer en estos hogares. Es fácil imaginar el grado de disrupción que provoca una decisión judicial como esta, que obliga a niños sumamente alterados por su situación a convivir con quienes presentan ya arrebatos graves en sus conductas. Como consecuencia, las fundaciones que sostienen las residencias han comenzado a cerrar algunos hogares por la imposibilidad de administrar tales situaciones.

Como si esto no fuera un llamado de atención de suficiente entidad, en el último informe de Mejor Niñez se da a conocer que más de 700 niños menores de tres años, quienes por ley debieran estar en familias de acogida, se encuentran en cuidado residencial, lo que hace imposible otorgarles un cuidador estable. Si bien este último desafío ha encontrado un camino de solución, a través de un convenio con la Universidad Católica, el gran reto para el país es dar una solución al problema de la infancia problemática, que es un asunto grave por el significado personal para los niños, pero además por sus consecuencias sociales a largo plazo y su extensión actual. Muestra de la magnitud, este año se ha atendido a más de 115 mil niños.

El Estado de Chile, mediante sus leyes, ha resuelto innumerables y complejos problemas, pero solo en el papel, en cuanto a las disposiciones legales que establece. La realidad no guarda mayor relación con tan estupendos planes, puesto que ellos se diseñan, se presentan, se aprueban, pero no se presupuestan según las necesidades, no se fijan fechas de resultados esperados ni tampoco se mide el impacto ni los desenlaces para los interesados. A todas estas condiciones el vulgo de nuestro país las ha denominado “soluciones a la chilena”. Los niños merecen mejores condiciones.