Cabe insistir en la relevancia de la sesión convocada para hoy en la Cámara de Diputados, para pronunciarse sobre el proyecto —en tercer trámite— que establece las sanciones para los ciudadanos que incumplan con la obligación de votar. Resulta bochornoso que el tema no esté aún resuelto, faltando menos de dos meses para los comicios en que esas disposiciones deberán aplicarse. Pero motivo de vergüenza aún mayor es el que esta demora encuentre su explicación en los intentos reiterados de distintos sectores del oficialismo para obstaculizar una normativa que no hace sino dar cumplimiento a un mandato constitucional.

Como se sabe, un primer proyecto aprobado por el Senado fue paralizado al pasar a la Cámara, sin recibir urgencia alguna por parte del Ejecutivo, el que decidió usar este tema para presionar por la aprobación de restricciones al voto de los extranjeros. Levantando argumentos nacionalistas sorprendentes en un sector que hasta hace poco abogaba por ampliar los derechos de los inmigrantes, imposible es ocultar el motivo real de ese giro: la evidencia respecto del favoritismo que los candidatos de oposición hoy tendrían entre los extranjeros con derecho a voto.

La forma de destrabar la situación fue entonces reactivar un proyecto de la diputada Joanna Pérez (Demócratas), que fijaba multas solo para los nacionales que no sufraguen, dejando a lo extranjeros sin sanción. Pero aunque hubo un principio de acuerdo para sacar adelante esta iniciativa, al momento de votarse —y luego de contradictorias señales de La Moneda— los diputados oficialistas restaron su apoyo e impidieron aprobar precisamente el artículo que establecía las multas. Así, vaciada de su contenido esencial, el proyecto pasó al Senado, donde finalmente se logró un trabajoso acuerdo, en virtud del cual el oficialismo se allanó a aprobar las sanciones a cambio de que la oposición, a su vez, diera los votos a una reforma constitucional que aumenta, a partir de 2026, los requisitos para que los extranjeros sufraguen. Es el destino de ese acuerdo el que deberán definir hoy los diputados: si en el primer lugar de la tabla figura el proyecto de Pérez, en segundo lugar está la referida reforma constitucional. Pero aunque se suponía que el tema había quedado zanjado, diputados oficialistas han vuelto a poner en duda su voto. Ello significaría seguir dilatando la discusión (el proyecto tendría que pasar a una comisión mixta) y mantener la incertidumbre sobre las normas que regirán para los comicios del próximo 16 de noviembre.

La sola existencia de esa incertidumbre mancha nuestra tradición republicana en materia de elecciones, donde la transparencia y el contar con normas claras y respetadas han sido razón de transversal orgullo. Las ruborizantes motivaciones que han estado detrás de este debate agregan otro baldón contra dicha tradición. Por eso, en la decisión que hoy adopten los diputados no solo está en juego un proyecto de ley y el cumplimiento de lo que la Constitución ordena, sino también, de alguna manera, la capacidad de la actividad política para anteponer —aunque sea en el último momento— su propia dignidad por sobre intereses y cálculos menores.