A pocos días de que el Ejecutivo presente ante el Congreso el proyecto de Presupuesto para 2026, son numerosas las interrogantes que se plantean sobre su contenido.

Desde luego, ante los evidentes riesgos en materia fiscal que enfrenta el país —fruto de un alza sostenida en la deuda pública y del incumplimiento recurrente en las metas fiscales por parte del Gobierno—, parece de toda lógica esperar que la autoridad presente un erario que cumpla con su propio objetivo de alcanzar un déficit estructural del 1,1%. Este propósito, sin embargo, requiere de un importante esfuerzo de transparencia. El punto fundamental dice relación con el reconocimiento de ingresos estructurales realistas, luego de que ellos han sido persistentemente sobreestimados. Esta sobreestimación, en efecto, ha sido un sesgo repetido de esta administración, al punto que pareciera no solo obedecer a dificultades técnicas en proyectar los ingresos fiscales, sino también al resultado de una deliberación consciente para evitar un ajuste mayor en el gasto.

Hasta ahora, todo parece indicar que el Presupuesto de 2026 no será la excepción y que la meta de déficit estructural planteada podría esconder un déficit mayor del explicitado, que correspondería al próximo gobierno sincerar. Si es así, para cumplir con dicha meta, las futuras autoridades se verían obligadas a ajustar a la baja los gastos.

La pérdida gradual de credibilidad en las cifras fiscales y en la consistencia de sus estimaciones es un tema que debe preocupar. Por ahora, los mercados no reconocen eso con mayores costos de financiamiento, los que están bajos en muchos países por razones financieras globales, pero estas no deben enceguecer un análisis objetivo del asunto.

Otro punto importante para evaluar en la próxima Ley de Presupuesto será la incorporación de las propuestas de la Comisión de Racionalización del Gasto Público, que planteó una serie de medidas de corto y largo plazo para disminuir el gasto en cerca de dos mil millones de dólares. Más allá de que algunas de estas medidas requieran de ley, hay una serie de acciones administrativas que pueden ser implementadas a la brevedad. La intensidad de esa implementación dependerá, por un parte, de cuán apretado se encuentre el nivel de gasto de acuerdo con la regla fiscal vigente, pero también de la convicción política de que un ajuste es necesario. En este sentido, sin embargo, la sobreestimación de ingresos hace aparecer como menos urgente cualquier recorte.

En definitiva, el Presupuesto 2026 representará el último hito importante en materia fiscal por parte de un gobierno cuya gestión en este ámbito no ha sido ni tan pulcra ni tan responsable como se ha querido hacer aparecer.