La contralora general de la República, en un reciente seminario en el CEP, ha recordado el importante papel que tiene su institución en verificar el buen uso de los recursos públicos. Después de todo, el desembolso de estos queda definido en leyes que establecen claramente la población objetivo y los criterios para recibir un beneficio. En la medida en que haya incumplimiento de esas reglas, se está vulnerando la ley. Es razonable, entonces, que la Contraloría aspire a realizar un control exhaustivo que garantice el referido buen uso. Es lo que ya hizo indirectamente a propósito del comportamiento de los funcionarios públicos en materia de licencias médicas.

En Chile, alrededor de dos tercios del gasto público se clasifica como social. En este monto, las transferencias ocupan una parte relevante de los egresos. Pensiones es el ejemplo emblemático, pero los presupuestos de otras reparticiones, particularmente Educación, Vivienda y Urbanismo, Desarrollo Social e incluso Agricultura, las incluyen en proporciones significativas. Su carácter difiere entre los distintos servicios públicos, pero, en general, no son beneficios universales y en las leyes permanentes, o en la de Presupuestos, se ha acordado focalizarlos en grupos específicos de la población.

En parte, esta decisión responde a que Chile no tiene una alta tasa de recaudación tributaria, explicada, a su vez, por la ausencia de impuestos personales elevados (las personas pagan algo más del dos por ciento del PIB en impuestos a sus ingresos, mientras que el promedio OCDE llega a un 8 por ciento). Ahora bien, muchos de los diseños particulares de estos programas son complejos, porque suelen ser de “todo o nada”. La gratuidad, por ejemplo, se recibe si se está en el 60 por ciento de hogares de menores ingresos, pero si se supera levemente ese umbral, el beneficio se extingue completamente. Ello puede llevar a comportamientos oportunistas. Que esto ha ocurrido en diversos programas es una percepción bastante extendida entre expertos. Una fiscalización exhaustiva podría revelar, entonces, un gasto excesivo importante.

Por eso es bienvenido el anuncio de la contralora respecto de que “queremos cerciorarnos de que los recursos efectivamente vayan a las personas vulnerables”. Atendidos los montos involucrados en las transferencias que articulan diversos programas sociales, las acciones fiscalizadoras pueden producir ahorros por varios cientos de millones de dólares. En tiempos de déficits fiscales elevados, avanzar en este control es indispensable. Pero, además, un Estado, para legitimarse en la comunidad política de la que forma parte, debe necesariamente hacer cumplir las normas que creó. En caso contrario, el oportunismo y la anomia se apoderan de las relaciones sociales y ello lesiona severamente la vida en común.