El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, señaló esta semana la necesidad de regularizar a inmigrantes en condición irregular para permitir su participación en las tareas de la temporada agrícola.

También se mostró partidario de esta regularización el cardenal Fernando Chomali, quien valoró la gran contribución que los inmigrantes entregan al país en áreas laborales y sociales.

Sin embargo, los candidatos Kast y Kaiser, empecinados en asociar migración irregular con delincuencia, rechazaron la propuesta sin titubeos.

Sabemos que esta crisis migratoria sin precedentes en Sudamérica fue provocada por el fracaso del chavismo, que desplazó a más de 7 millones de venezolanos fuera de su territorio.

El Estado de Chile, como es habitual, ha demorado en adaptarse a esta realidad emergente. Las dificultades que estos extranjeros enfrentan para acceder a visas laborales —sean transitorias o permanentes— es una constatación de ello. El Presidente Boric en relación con este debate ha dicho que no es momento de hacer innovaciones.

En agosto, diez institutos de pensamiento representantes de todo el espectro político y coordinados por el Centro de Políticas Migratorias, entregaron una propuesta para enfrentar los ejes principales de este tema multidimensional. Cuando su texto conclusivo, “Política Migratoria para el Chile que viene”, fue presentado, se creyó que por su contundencia y ambición podría encuadrar el debate hacia un terreno de profundidad y realismo, generando una conversación constructiva.

No fue así. El candidato Kast, con el ojo puesto en las encuestas, lo que hizo fue proponer que la migración irregular sea considerada un delito. ¿Tendrá ese delito pena de cárcel? Y, si no la tiene, ¿cuál es el sentido de declararla delito?

En Chile, se estima, existen unos 220 mil migrantes irregulares. ¿Cuántas cárceles habrá que construir para hacer cumplir esta ley si se concretase? Además, Chile no tiene relaciones diplomáticas con Venezuela, principal país de origen de los irregulares y, entonces, la deportación supondría concretar una acción unilateral. Ni Trump ha podido con eso.

¿Por qué se plantean propuestas inviables?

Es obvio que el Estado de Chile debe recuperar el control pleno de sus fronteras y asegurar que las normas migratorias vigentes se ejecuten. Y también debe combatir la criminalidad que ha acompañado a esta migración.

Pero hay que asumir que parte de esta criminalidad se sustenta en inmigrantes ilegales que, sin papeles y en la informalidad laboral, acaban aceptando “protección” de bandas delictuales que los manipulan y extorsionan debido a la precariedad de su condición.

Los candidatos de la extrema derecha nos hacen creer que no hay ninguna iniciativa en marcha para controlar fronteras y contener la migración ilegal.

Esto es falso.

El Ministerio de Defensa, en coordinación con el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, concretó recientemente el programa Sifron (Sistema Integrado de Fronteras) que, para monitorear casi mil kilómetros de la frontera en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, incluye vehículos todoterreno, drones y cámaras de largo alcance conectadas satelitalmente.

Este es un esfuerzo concreto de resguardo fronterizo de gran envergadura, que ya está en marcha, logrado durante este Gobierno y en el que están comprometidas las tres ramas de las Fuerzas Armadas.

Chile necesita seguridad con soluciones viables, que enfrenten la realidad como hace Walker, no ideas grandilocuentes que solo encienden pasiones y polarizan.