Una de las mayores innovaciones en materia de política fiscal en la historia de Chile fue la instauración de sus dos fondos soberanos: el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) y el Fondo de Reserva de Pensiones (FRP). Estos buscan garantizar la estabilidad del gasto social y los esfuerzos fiscales en materia de inversión, junto con suplementar el financiamiento público de las pensiones. Adicionalmente, podrían servir de reserva en momentos de crisis.

Su creación se remonta a la Ley de Responsabilidad Fiscal de 2006, marco institucional del que Chile fue pionero y replicado por distintos países, particularmente aquellos cuyos ingresos pueden ser fuertemente influenciados por ciclos económicos externos (por ejemplo, las variaciones en el precio de commodities). Su pilar es el compromiso del Estado de cumplir una regla de balance estructural, la que implica que en períodos de resultados económicos por sobre la tendencia, los recursos fiscales adicionales (superávit) son ahorrados. Por el contrario, en períodos de bajo desempeño, como puede ser una crisis, los recursos acumulados en los fondos soberanos, particularmente el FEES —el objetivo del FRP es más específico—, podrían contribuir a aminorar el impacto sobre la población. Así, Chile configuró una política fiscal contracíclica, la recomendación de las mejores prácticas en este ámbito a nivel mundial.

En sus inicios, y gracias al boom de los commodities, el Estado logró nutrir generosamente estos fondos. A modo de ejemplo, mientras en 2007 el FEES acumulaba un poco más de US$ 10.000 millones, durante el segundo semestre de 2008 los recursos se acercaban a US$ 20.000 millones. Esto, gracias al compromiso con un marco institucional que busca contener la tentación política de hacer uso inmediato de los ingresos.

Los beneficios quedaron en evidencia durante la crisis subprime, cuando la primera administración Bachelet utilizó parte importante de los recursos ahorrados en el FEES para paliar los efectos sobre nuestra economía. Así, mientras al cierre de 2008 el valor de mercado de dicho fondo alcanzaba los US$ 20.210 millones, en diciembre del 2009, luego de consecutivos retiros, cerró en US$ 11.284 millones.

Bajo la primera administración Piñera, y sin crisis internacional que afectase nuestros ingresos estructurales, los esfuerzos estuvieron puestos en recuperar los recursos drenados. Nuevamente favorecido por un buen ciclo del cobre, en diciembre de 2013 el FEES acumulaba el equivalente a US$ 15.419 millones, el mayor valor que ha tenido desde entonces. Entre 2014 y 2018, no mostró mayores fluctuaciones, lo que cambió a partir del último trimestre de 2019 cuando, producto de las presiones políticas asociadas a los eventos de octubre, la segunda administración del Presidente Piñera retiró US$ 1.000 millones en noviembre y otros US$ 1.000 millones en diciembre de ese año.

La pandemia profundizó el drenaje. Así, 2020 cerró con un FEES con recursos equivalentes a US$ 8.955 millones, y 2021, con US$ 2.547 millones. Pero en el primer trimestre de 2022, antes de la asunción del Presidente Boric, el Estado repuso US$ 5.997 millones a ese fondo soberano, elevando su valor de mercado a US$ 8.147 millones.

2022-2024, drenaje sin justificación

La evolución del FEES durante la administración Boric no parece consistente con los principios que lo configuraron. Sin crisis internacional mediante, el continuo declive de los ahorros representa una anomalía que debe ser estudiada. La necesidad de regularizar las cuentas fiscales luego de la pandemia podría haber planteado un dilema interesante respecto de la utilización de los más de US$ 8.000 millones heredados por este gobierno. También hubiese sido razonable reflexionar sobre la regla de balance estructural en un contexto en que el país no ha mostrado un crecimiento económico fuerte y sostenido por más de una década. Pero tales discusiones no se concretaron en los términos que un manejo fiscal riguroso hubiese ameritado.

De esta forma, en diciembre de 2022 el FEES alcanzó un valor de mercado de US$ 7.514 millones, para reducirse a US$ 6.030 millones en 2023. El extraordinario precio del litio, con los recursos adicionales que significó, no se tradujo en un abultamiento de los ahorros fiscales. Durante 2024, nuevos retiros llevaron su valor a US$ 3.618 millones. Tal monto se ha mantenido sin variación en 2025, solo afectado por la evolución del precio de los activos en que los recursos están invertidos. El último dato disponible (julio 2025) arroja un valor de US$ 3.805 millones.

Frente a esta realidad, parece apropiado considerar reformas que limiten la discrecionalidad de la autoridad fiscal en el manejo de estos fondos. La ausencia de un debate respecto de la utilización de los cerca de US$ 10.000 millones en el FRP en el contexto de la reforma previsional, lo que podría haber sido una alternativa de financiamiento a la opción de reparto, da cuenta de la misma discrecionalidad.

Más allá de las responsabilidades involucradas, es evidente que el incumplimiento repetido de la regla de balance estructural ha estado acompañado de un deterioro en el respeto a los criterios que sustentan nuestra política fiscal. Recién ahora se ha presentado un proyecto de ley que incorpora algunos resguardos en el manejo de los fondos. Sin embargo, todo indica que será la siguiente administración la que no solo tendrá el desafío de terminar con el drenaje injustificado del FEES, sino también el de impulsar un diseño institucional inteligente y moderno que blinde los ahorros del Estado de la discrecionalidad política.