Southern Power Grid, de China, estudia comprar una participación mayoritaria en Transelec, la principal empresa de transmisión eléctrica de nuestro país. La misma firma china tiene una participación en el proyecto de transmisión Kimal-Lo Aguirre, que transportará grandes cantidades de energía desde Atacama hasta la zona central. Otra estatal de ese país tiene una participación importante en la distribución eléctrica, ya que Chilquinta y CGE son controladas por China State Grid. La situación ha generado preocupación porque se trata de activos estratégicos del sector eléctrico en manos de empresas que obedecen las directivas del Estado chino.

Esta situación plantea varios riesgos. Entre ellos, que materias como la regulación de los sectores de transmisión y distribución eléctrica se transformen en un problema político entre Estados, y no se mantengan en el ámbito técnico al que pertenecen. Por ello, en casi todos los países desarrollados, la compra de este tipo de activos por inversionistas extranjeros —especialmente si se trata de actores estatales— requiere la aprobación del gobierno o, en una mucho mejor solución, de entidades independientes.

Chile, desde hace varias décadas, ha sido neutral respecto de las inversiones extranjeras y esa política ha tenido buenos resultados. En este contexto, por ejemplo, Enel Chile es controlada por una empresa italiana en que el Estado es el principal accionista, con el 23,6% de la propiedad. A su vez, la estatal Ecopetrol, de Colombia, controla ISA, propietaria de Cardones-Polpaico, la principal línea de transmisión hacia el norte, y también participa en Kimal-Lo Aguirre.

Pero, aunque siempre hay resquemores frente a la inversión extranjera de empresas estatales, hay diferencias en el caso chino. Desde luego, la mayoría de las otras firmas estatales tienen participación de privados en su propiedad y, más importante aún, operan en países con sistemas judiciales independientes; en este contexto, sus decisiones obedecen a la búsqueda del beneficio de sus accionistas antes que al seguimiento de las políticas de sus gobiernos. Las referidas firmas chinas, controladas por el Estado, están definidas como empresas de interés estratégico directo del gobierno chino, lo que les resta independencia, pues deben acatar las definiciones gubernamentales, aun cuando ellas no necesariamente sean lo que más le conviene a cada una.

Con todo, establecer arbitrarios tratamientos diferenciados a las empresas de un determinado país —que en este caso es además nuestro principal socio comercial— no es una fórmula adecuada para abordar los dilemas que estas situaciones generan. Tal vez un mejor camino sea aplicar los criterios y razonamientos propios de las políticas de libre competencia. Desde esa perspectiva —si bien debiendo analizarse los alcances de cada caso en particular—, hay razones objetivas que pueden justificar oponerse a que un solo ente decisorio (el gobierno o, en definitiva, el Partido Comunista Chino) sea el que controle, mediante sus distintas empresas, un porcentaje tan elevado de estos activos estratégicos.

Una propuesta para el futuro, en tanto, es la de crear una institucionalidad que determine cuándo una inversión puede generar un riesgo estratégico (o de competencia) para el país. La independencia debiera ser un atributo esencial de un organismo así. De otra forma, sus decisiones podrían verse como expresiones de la voluntad del gobierno de turno y dar lugar a presiones políticas o económicas del respectivo país interesado. Diseñar esta institucionalidad no es fácil, pero existen ejemplos en la experiencia comparada que podrían servir como modelos.