Sorprendentemente sinceras fueron las declaraciones formuladas el lunes por el candidato presidencial Eduardo Artés, respecto de su actitud ante un eventual gobierno de José Antonio Kast. “Va a durar nada”, dijo, pues “la calle no lo dejará (gobernar) y nosotros no lo vamos a dejar, la izquierda no lo vamos a dejar”. Se trata de expresiones obviamente inaceptables en el juego democrático, pero coherentes con las ideas que siempre ha defendido Artés, líder del Partido Comunista Acción Proletaria, un grupo de izquierda extrema que reivindica a Stalin y considera a Corea del Norte una democracia.

Debe reconocerse además que, en sus sucesivas postulaciones presidenciales —esta es la tercera—, el candidato nunca ha disfrazado sus peculiares ideas ni intentado aparecer como “socialdemócrata” para mejorar su desempeño electoral. Así también, hay en sus amenazantes dichos sobre un eventual gobierno de Kast, al menos, la honestidad para afirmar de modo directo lo que otras figuras del espectro político insinúan recurriendo a eufemismos. En efecto, cuando Artés dice que al postulante opositor “la calle no lo dejará” gobernar, ¿no está acaso alentando los mismos temores que agitan aquellos que, más sibilinamente, declaran ser los únicos que pueden garantizar la “paz social”? En particular, ¿no se ha abusado en los últimos años de este concepto —“paz social”— como una herramienta de presión para imponer posiciones simplemente porque permitirían mantener tranquila a “la calle”? Desde luego, la campaña del Apruebo apeló a eso como una de las razones para apoyar el texto de la Convención. El Presidente Boric y su vocera, Camila Vallejo, esgrimieron, en tanto, la “paz social” para justificar los cuestionados indultos a los “presos de la revuelta”. Y hoy ambos suelen destacar como un logro del Gobierno no haber tenido que enfrentar durante este mandato conflictos sociales relevantes... omitiendo, claro, que cada vez que han sido oposición, ellos mismos han procurado exacerbar la conflictividad y dificultarle la tarea a quien haya estado al mando del país.

Porque, en verdad, mucho más preocupantes que las amenazas de una fuerza política marginal son las conductas que han mostrado los partidos oficialistas en el pasado reciente cuando han estado fuera del poder. Un preámbulo ocurrió en 2011, cuando las protestas estudiantiles pusieron en aprietos al primer gobierno de Sebastián Piñera y la ex-Concertación rápidamente se sumó a ese movimiento, aun al precio de terminar renegando de sí misma. Luego, con el estallido de 2019, la situación llegó a un extremo donde la idea de “no dejar gobernar” a Piñera en su segundo mandato operó como leitmotiv para la izquierda. Por entonces, mientras se celebraba la “vía de los hechos” impuesta por la calle, se presentaban acusaciones constitucionales y se emplazaba al Presidente a pasar a “segunda línea” y aceptar un “parlamentarismo de facto”.

Ahora, frente a los dichos de Artés, el oficialismo ha buscado marcar distancia y hasta mostrarse escandalizado. Evita, sin embargo, una autocrítica respecto de la gravedad de sus propias conductas pasadas y con ello solo logra mantener abiertas las dudas respecto de cuál será realmente su actitud si —como predicen las encuestas— vuelve a ser oposición a partir de marzo próximo.