Señor Director:

Sorprende que, faltando menos de seis meses para que termine el mandato del Presidente Gabriel Boric, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, y su par del Trabajo, Giorgio Boccardo, subrayen la urgencia de poner fin a la discriminación en la regulación laboral de sala cuna.

El Gobierno ha tenido más de tres años para impulsar la iniciativa, enviada al Congreso por el expresidente Sebastián Piñera en 2021 y aprobada en general por el Senado en abril de 2024, por cierto, solo con el respaldo de la oposición. El Ejecutivo se pronunció un mes después, presentando una indicación sustitutiva, respecto de la cual las voces especializadas han advertido que tiene importantes dificultades de diseño, entre ellas la exclusión de los establecimientos privados debidamente autorizados por el Mineduc.

Es incomprensible que un sector político que se arrogó el monopolio de la defensa de los derechos de la mujer haya ignorado esa urgencia durante casi todo un mandato. Es aún más inexplicable en el escenario actual del mercado laboral femenino, con los peores indicadores desde enero de 2010: desempleo bordeando el 10% y una participación en torno al 53%, en el mismo nivel del primer trimestre de 2020, en la antesala de la pandemia.

El Gobierno tiene aún varias semanas legislativas para hacer una propuesta realista que permita avanzar en el Congreso, demostrando si tiene o no compromiso con las mujeres que aspiran a tener ingresos propios y un trabajo formal, y con la igualdad de derechos para sus hijas e hijos.

María José Abud Sittler
Isabel Plá Jarufe