La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, evitó, en una reciente entrevista televisiva, calificar a la Coordinadora Arauco Malleco como una organización terrorista, aun cuando admitió que en La Araucanía se perpetran actos de esa índole. La distinción que intentó establecer, lejos de aportar claridad, introdujo un grado de ambigüedad especialmente inconveniente cuando las Fuerzas Armadas se encuentran desplegadas en la macrozona sur en virtud del estado de excepción constitucional, el cual tiene como fundamento enfrentar la violencia que ejercen organizaciones como la CAM y otras.

Podrán existir legítimas discusiones técnicas respecto de cuándo corresponde y es más eficaz invocar la legislación antiterrorista en cada caso de los que ocurren en esa área del país. Distinto es, sin embargo, desconocer que el conjunto de acciones llevadas a cabo por la CAM ha perseguido durante años generar temor en la población y desafiar al Estado chileno, para de ese modo conseguir sus objetivos separatistas. A eso apuntaba la pregunta formulada a la titular de Defensa en el programa Tolerancia Cero, y es lamentable que haya perdido la oportunidad de expresar un juicio político claro. El punto no sería tal vez tan relevante si no fuera porque durante demasiados años fuerzas que integran el oficialismo mantuvieron actitudes ambiguas ante la violencia en la macrozona sur, incluso cohonestándola. Por eso, cuando una autoridad política utiliza expresiones que vuelven a dar espacio a la ambigüedad, la preocupación resurge.

No se trata de desconocer la complejidad del conflicto en La Araucanía ni las raíces históricas que lo atraviesan. Pero esa complejidad no puede confundirse con expresiones que de algún modo puedan relativizar la gravedad de acciones como las de la CAM. Cuando la autoridad política duda o matiza en exceso, lo que transmite es incertidumbre. Y en escenarios donde la seguridad de la población está en juego, la incertidumbre puede convertirse en un incentivo para quienes recurren a la violencia. Al mismo tiempo, erosiona la confianza de los ciudadanos, que perciben una autoridad no dispuesta a llamar las cosas por su nombre ni a asumir las consecuencias que de ello se derivan.

La trayectoria de la ministra Delpiano, marcada por la seriedad y la prudencia, hace aún más evidente su tropiezo en este ámbito, pues sus dichos parecieron reabrir una discusión que durante años dificultó los esfuerzos por enfrentar la violencia. Dicho debate parecía zanjado luego de que en 2022 el actual gobierno, en un radical viraje, reconoció la necesidad de declarar el estado de excepción en la zona. Es importante evitar cualquier señal que reabra dudas respecto de cuál es la genuina voluntad política en estas materias.