Lamentablemente, hablar de disciplina fiscal se ha vuelto un poco como hablar de la dieta de Año Nuevo: se anuncia con más o menos convicción, pero luego no se cumple. Si bien en diez días más conoceremos tanto el presupuesto que el Gobierno presentará al Congreso para el 2026, así como sus estimaciones de ingresos y gastos para los próximos años, si estos vienen cargados de supuestos poco realistas, difícilmente se podrán encauzar nuestras cuentas fiscales por un camino sostenible en el tiempo.

Para entender la magnitud del desafío fiscal que enfrentamos y tener una discusión en serio al respecto, se debe sincerar las cifras.

Con la información hasta ahora disponible –el Informe de Finanzas Públicas del segundo trimestre y la ejecución de ingresos y gastos presupuestados hasta julio de este año– ya se pueden realizar algunas estimaciones iniciales para enmarcar la discusión que se viene.

La credibilidad de esta administración en materia fiscal está, por decir lo menos, debilitada. En enero de 2024 se comprometió con un déficit de 1,9% del PIB como meta para el Balance Estructural. Sin embargo, durante el año fue “sincerando” sus proyecciones, cerrando con un déficit de 3,3% del PIB. Es decir, casi US$ 5.000 millones de diferencia.

Para este año, la situación no es mejor. En el último Informe de Finanzas Públicas (julio), se estableció que el déficit fiscal cíclicamente ajustado será de 1,8% del PIB, es decir, unos US$ 6.300 millones. Esta nueva proyección en realidad descansa en supuestos optimistas: considera ingresos que difícilmente se materializarán y medidas correctivas que suponen iniciativas administrativas o legislativas que, siendo realistas, no alcanzarán a implementarse ni a generar impacto fiscal en los escasos tres meses que restan del año.

El Gobierno insiste en que los ingresos crecerán 7,6% en términos reales. Pero los datos a julio muestran que, lo más probable, crecerán solo un 5%. Y creer que se va a frenar la inercia del gasto público en plena temporada electoral es, por decirlo amablemente, de una ingenuidad adorable.

Así, en un escenario más realista y conservador, no se puede descartar que el déficit cierre más cerca de 2,9% del PIB, es decir, otros US$ 3.800 millones adicionales.

Para el 2026, el panorama es aún más oscuro. Según la Dirección de Presupuestos, el déficit se ubicaría en torno a US$ 5.700 millones. Pero todo indica que esa cifra está fuertemente subestimada.

Primero, porque parte de los ingresos estimados para el 2025 están inflados respecto de un escenario más realista, tal como ya sucedió este año. Si efectivamente no se da el crecimiento de ingresos que la autoridad estima para este año y, por consiguiente, la base para proyectar los ingresos del próximo año es más baja, por el solo hecho de contar con menores ingresos a los estimados, se podría agregar unos US$ 2.000 millones más al déficit proyectado. Segundo, en materia de gastos, el déficit estimado para el 2026 incluye solo los gastos comprometidos, es decir, solo los gastos que ya están aprobados. En consecuencia, no considera el reajuste del sector público que se negociará durante la actual administración luego de la aprobación de la Ley de Presupuestos en el Congreso, que, si tomamos como referencia el reajuste del año pasado, implica un nuevo gasto adicional por unos US$ 1.650 millones. Tampoco considera el inicio de ninguna nueva obra de infraestructura, así como tampoco los US$ 720 millones que en promedio siempre se dejan provisionados cuando asume un nuevo gobierno. En suma, el déficit real del 2026 podría acercarse más bien a los US$ 10.000 millones.

Esto significa que, para cumplir la meta de un déficit estructural de 1,1% en 2026 –y empezar la tan ansiada convergencia fiscal–, el ajuste de gasto debería bordear los US$ 6.000 millones en un solo año. Nada menor.

Si bien estas cifras son preliminares y recién comienza la discusión presupuestaria, es fundamental dimensionar y sincerar el desafío fiscal que el Gobierno del Presidente Boric deja al país. En vez de gastar energía descalificando propuestas de ajuste desde el mundo académico o político, sería más útil sumar voluntades. El costo político de un ajuste fiscal serio es evidente, se ha postergado irresponsablemente, pero cuanto más se dilate, será mayor. Y este es del tipo de cuentas que siempre terminan pagándose.