En tiempos en que libertades fundamentales, como la de expresión, se ven amenazadas globalmente, ya sea por intentos de cancelación abierta o encubierta desde el anonimato de las redes sociales, ataques gubernamentales a los medios por parte de líderes personalistas que no toleran la crítica o iniciativas de control del flujo informativo bajo la supuesta intención de evitar la desinformación, constituye al menos un alivio un reciente fallo de la Corte de La Serena. Este rechazó el recurso de protección que presentara la familia de uno de los fallecidos en el accidente de la mina El Teniente en contra de la comediante Natalia Valdebenito, luego de que se refiriera al trágico hecho en un criticado chiste.

El pronunciamiento judicial declara que dichos como los de la comediante no deben ser silenciados, pues son parte del ejercicio de la libertad de expresión, declaración que viene a reivindicar ese derecho luego que la misma corte dictara, semanas antes, una orden de no innovar que ordenó a Valdebenito no referirse al suceso. Tal resolución preliminar había levantando justificadas alarmas, por vulnerar un principio fundante de una sociedad democrática. Y es que si bien las expresiones de la humorista pueden ser calificadas de mal gusto y ofensivas, no ameritaban —como señala la resolución judicial— “ser censuradas o sancionadas”. De hecho, es en este tipo de situaciones, frente a dichos que incomodan e incluso ofenden por su insensibilidad, donde se juega el compromiso de una sociedad con este derecho. El fallo advierte, además, que no hubo ánimo de ofender por parte de la comediante, quien hizo públicas sus disculpas.

Con todo, pese a la adecuada resolución final, que viene a reparar lo inicialmente obrado, el caso también evidencia cuán inquietantemente frágil puede volverse una libertad fundamental, al punto que una simple orden de no innovar pudo vulnerar severamente su ejercicio.

Los embates en contra de la libertad de expresión que están experimentando las democracias occidentales requieren como respuesta una defensa mancomunada de la sociedad, y especialmente de las instituciones llamadas a resguardar los principios en que se sustentan dichas libertades. Son esos resguardos los que, muchas veces, se ven vulnerados en una errada interpretación de la realidad, donde opiniones y reacciones que pasan a ser trending topics en las redes sociales intentan influir en el debate público y en las resoluciones de jueces, legisladores, autoridades y líderes de opinión. Esta resolución judicial reafirma que la libertad de expresión debe preservarse incluso ante un mal chiste.