En el mundo, los avances para mantener el equilibrio entre el desarrollo de proyectos y la necesidad de resguardar el medio ambiente se basan en el diseño de reglas institucionales claras y precisas. Adicionalmente, para asegurar una toma de decisiones sustentada en criterios objetivos, los estándares internacionales apuntan a que dicha institucionalidad deba utilizar como insumos críticos la visión de instancias técnicas que permitan evaluar los riesgos, como también las medidas paliativas, de cada proyecto. Mientras mejor sea la configuración y articulación de estos procesos, mayor será el resguardo del medio ambiente y mejores las posibilidades de atraer inversiones con retorno público y privado atractivo.

Lo ocurrido con el proyecto minero portuario Dominga evidencia que las condiciones en Chile están lejos de ser las apropiadas. La evolución en el trámite de este proyecto de US$ 2.500 millones en la Región de Coquimbo confirma la existencia de profundas fallas en nuestra institucionalidad. La intervención arbitraria de la política ha sido el punto más crítico, afectando nuestra reputación como país con reglas claras.

Historia sin fin

Dominga busca extraer hierro y cobre mediante la explotación de dos minas en la Región de Coquimbo. Incluye también inversiones para la construcción de una planta de procesos, una desalinizadora y un puerto. Desde sus inicios consideró medidas paliativas por los posibles efectos sobre el medio ambiente y las comunidades. Se estima que podría generar una bonanza en una zona deprimida económicamente, creando un número importante de empleos. Parte relevante del debate ha estado, sin embargo, centrada en sus riesgos. Un elemento crítico es el eventual impacto sobre la población del pingüino de Humboldt, que vive en una reserva nacional a 30 kilómetros de donde se ubicaría el puerto. Se agregan cuestionamientos por la presencia esporádica de ballenas y chungungos que visitan el área.

Andes Iron, la empresa impulsora, argumenta que el diseño considera medidas paliativas consistentes con los riesgos, controversia que ha marcado la tramitación del proyecto desde que ingresó al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA), en septiembre del 2013. El 2017, en una controvertida votación en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, el Comité de Ministros rechazó, en voto dividido (una abstención), la reclamación de la empresa frente a una previa calificación desfavorable de la Comisión Regional de Evaluación Ambiental (Coeva) de Coquimbo. En abril del 2021, sin embargo, el Primer Tribunal Ambiental anuló esa decisión y ordenó retrotraer el trámite a la Coeva, la que en agosto de ese año aprobó el proyecto. Pero luego, en diciembre de 2021, en su discurso al ser elegido Presidente, Gabriel Boric declaró su “No a Dominga”. Y así, en enero del 2023, un nuevo Comité de Ministros volvió a rechazar el proyecto. Casi dos años después, en diciembre del 2024, el Primer Tribunal Ambiental anuló esa decisión, pero en enero del 2025 otro Comité de Ministros —integrado por subrogantes— volvió a rechazar por unanimidad. Un mes después, sin embargo, el tribunal ambiental anuló esa decisión. Finalmente, en un duro golpe para los intentos de la administración Boric por detener Dominga, el martes, la Corte Suprema rechazó los recursos de casación presentados contra la decisión del referido tribunal.

La larga secuencia deja en evidencia la intromisión de la política en las decisiones. Se podrá argumentar que esto se realizó dentro de la institucionalidad, pero ello no hace más que confirmar el problema estructural que ha enfrentado Dominga: la decisión explícita de autoridades políticas por impedir el proyecto, aun cuando ello involucre arbitrariedades que han sido repetidamente advertidas por los tribunales al ordenar repetir las votaciones. La declaración esta semana, luego del fallo de la Corte, del Ministerio del Medio Ambiente, en cuanto a que aún “quedan recursos judiciales pendientes”, ratifica que este no es solo un problema de “permisología”, sino de una oposición política e ideológica a determinados proyectos. Esto último, por cierto, lleva a cuestionar la real eficacia que pueda tener la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales impulsada por esta misma administración.

El nuevo mall de Vitacura

Si bien en un contexto distinto, la evolución del proyecto de un nuevo centro comercial en Vitacura vuelve a mostrar las posibilidades que entrega nuestra institucionalidad para entrabar iniciativas. En esta oportunidad, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) alertó frente al SEA del impacto que la obra tendría sobre la “Asociación Indígena Dhegñ-Winkul”, solicitando, entre otras cosas, tener en consideración la realización de ceremonias tradicionales. Dicha asociación fue creada hace poco más de 20 años, cuenta con 29 miembros y tiene su sede en Huechuraba, donde se levantó una ruca.

Es importante que el desarrollo de proyectos considere su impacto sobre el entorno. Sin embargo, las reglas deben incorporar elementos que permitan impedir abusos. De lo contrario, será difícil evitar que, frente a la arbitrariedad y descriterio de algunas autoridades, se levanten otras voces que apuesten por desmantelar completamente la institucionalidad. Uno y otro escenario son indeseables.