Cuando hace algunos meses el Presidente Gabriel Boric sostuvo que “Trump representa todo aquello a lo que yo me opongo”, alguien podría argumentar que, más que marcar una diferencia con el mandatario norteamericano, parece estar proyectando inconscientemente en el otro muchos de sus propios defectos, los que seguramente le resultan inaceptables de reconocer en sí mismo. Naturalmente, es una tesis debatible, pero sea o no cierto que ocurra esa proyección psicológica en este caso, una especie de mecanismo de autodefensa, la realidad muestra que entre Trump y Boric —no solo con el diputado, sino también con el Presidente— hay mucho más en común de lo que se cree.

Lo ocurrido esta semana, al manifestar el Presidente Boric su “discrepancia” con el Informe de Política Monetaria (IPoM) del Banco Central (BC), que dio cuenta del “impacto negativo en el empleo” de medidas como el alza del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral, es una buena prueba de ello. Sus palabras rápidamente fueron respaldadas, entre otras, por la ministra Camila Vallejo —“respecto del impacto de estas medidas en el empleo, el mismo Presidente lo dijo, no compartimos aquello”— y la candidata Jeannette Jara —“no lo comparto completamente”, dijo respecto del análisis del Banco Central—. Esta posición fue reforzada por otros ministros y, sobre todo, por parlamentarios de izquierda que aprovecharon la oportunidad para cuestionar abiertamente la tarea del ente emisor. Como se ve, no muy distinto a lo ocurrido en Estados Unidos con las descalificaciones de Trump a las autoridades de la Reserva Federal.

Otro tanto ocurre en materia internacional, salvando desde luego las enormes diferencias por tratarse el país norteamericano de una superpotencia económica y militar. Y es que el Presidente Boric no ha sabido “habitar el cargo” y entender que las atribuciones que le confiere la Constitución de conducir las relaciones internacionales no significan que deba hacerlo de acuerdo con sus gustos particulares o la ideología de su coalición de gobierno, sino que debe liderar una política de Estado defendiendo por sobre todo los intereses del país. Hay en él, al igual que en Trump, un abuso en utilizar las redes sociales para manifestar opiniones personales, sin medir las consecuencias que pueden tener a mediano o largo plazo para el país. También se observa una notoria arbitrariedad en su conducta, que lo lleva a condenar las violaciones a los derechos humanos en algunos países y no en otros, a celebrar o criticar decisiones de los tribunales de justicia de otras naciones, dependiendo de si hay o no una afinidad política, entre otras situaciones.

Una muestra de ello se reflejó en estos días en el “Chile Day” en Madrid, en que una reunión que congregaba a autoridades económicas, a empresarios y, en general, a inversionistas de Chile y España, fue aprovechada por nuestra política exterior para promover la figura de Salvador Allende y el período de la Unidad Popular con una exposición fotográfica referente a “Chile 1971”. ¿Hay detrás de ello un genuino interés en contribuir al objetivo buscado por el “Chile Day” o, en cambio, como parece ser evidente, hay un interés ideológico de un gobierno de izquierda de promocionar una figura que poco y nada tiene que ver con el desarrollo económico del país?

En fin, también podría hacerse una cierta analogía con Trump respecto de las formas democráticas. Si bien hay diferencias, lo ocurrido en estos últimos meses con las argucias utilizadas por el Gobierno y sus parlamentarios afines para dejar sin aplicación práctica la norma constitucional que establece el voto obligatorio es particularmente grave. A pocas semanas de las elecciones, todavía no se sabe si habrá o no multa para quienes no votan (está pendiente la votación en la Cámara). Un doble discurso en el oficialismo hace que por sobre lo que se afirma o se compromete operen maniobras dilatorias que buscan evitar que se haga efectivo el mandato constitucional. Es sabido que la convivencia en un régimen democrático exige un leal respeto a las normas, evitando que los intereses electorales partidistas lleven a torcer su claro sentido. En materias como esta se juega la credibilidad democrática de un Presidente.

Dificultades de Jara

El reciente debate televisivo de los candidatos presidenciales mostró las debilidades de la candidatura oficialista de Jeannette Jara. Y es que casi en cualquier tema que se discute parte ella con una desventaja casi insalvable, cual es la de ser percibida como la continuadora de un gobierno mal evaluado en las más distintas áreas. La reacción del Presidente, sus ministros y parlamentarios de izquierda al informe del Banco Central se debe a que pone en tela de juicio las reformas laborales introducidas —40 horas, alza del salario mínimo—, que eran presentadas por el Gobierno y su candidata (exministra del Trabajo) como sus principales logros. Si durante las primarias Jara criticaba a Tohá por su gestión en seguridad, ahora es ella quien debe hacerse cargo de la situación por la que atraviesa el país. Lo mismo ocurre en salud y las listas de espera, y en materias como economía, educación y vivienda, en que existe un juicio crítico que es mayoritario respecto de lo que se ha hecho.

Así las cosas, los debates presidenciales que vienen amenazan con convertirse en un calvario para la candidata del oficialismo.