Por amplia mayoría, el Senado aprobó este miércoles el proyecto de ley que establece una multa (de entre 0,5 y 1,5 UTM) para quienes no concurran a votar. Así, pareciera empezar a resolverse un episodio lamentable, marcado por la búsqueda de ganancias pequeñas por parte del oficialismo, al haber intentado desalentar la participación en los próximos comicios. Con todo, subsiste cierto suspenso, pues el proyecto debe volver a la Cámara, donde hace unos días parlamentarios de gobierno rechazaron sus contenidos centrales.

Y es que, paradójicamente, la misma izquierda que, esgrimiendo principios democráticos, había abogado durante años por el retorno del voto obligatorio (se estimaba que los sectores populares votaban menos, pero que de hacerlo la favorecerían), se empeñó, luego de comprobar que en las más recientes elecciones fue la derecha la beneficiada por la obligatoriedad, en debilitar esta por la vía de cuestionar las sanciones. Del mimo modo, cambió radicalmente su postura respecto de la participación de los extranjeros, intentando limitarla y endurecer sus requisitos. Ambos debates pueden ser legítimos, pero no así las conductas oportunistas ni el desconocer las actuales disposiciones constitucionales que expresamente mandatan establecer multas para quienes no sufraguen. No menos grave es haber estirado esta discusión para recién zanjarla a dos meses de los comicios.

En este contexto se llegó esta semana a una fórmula de compromiso, en la cual el Gobierno y sus senadores se allanaron a aprobar sanciones, pero haciéndolas aplicables solo para los connacionales. A cambio, la oposición debió prestar su apoyo a una reforma constitucional que empezará a regir en 2026 y que elevará —de 5 a 10 años de residencia— los requisitos para que los extranjeros voten. Es un acuerdo que parece en principio razonable, pero que deja un sabor amargo.

Desde luego, el país ha constatado que un sector político intentó eludir un mandato constitucional por conveniencias electorales. Pero además, ciertas aristas de lo resuelto son complejas. Por de pronto, los nuevos requisitos para el voto extranjero pueden tener sentido, pero es lamentable que una materia de tal relevancia sea objeto de una discusión exprés, donde su aprobación fue el requisito impuesto por el oficialismo, en una suerte de chantaje, para cumplir el referido mandato. Aún más cuestionable es la diferenciación entre chilenos y extranjeros para la elección de este año, al establecerse que solo los primeros serán objeto de sanciones si no sufragan. Tanto contraría esta arbitraria distinción la Carta Fundamental, que los senadores debieron modificarla, eliminando la palabra “electores” del artículo referido a las sanciones, para evitar que el Tribunal Constitucional objete este trabajoso acuerdo.