El potencial impacto que tendría la batería de medidas que han incrementado significativamente los costos laborales en Chile ha sido parte de las alertas técnicas que distintas voces han levantado durante años. Los llamados a la precaución se iniciaron hace más de una década, cuando la reforma laboral de la segunda administración Bachelet tomaba forma. La evolución reciente de las cifras da cuenta del impacto de cambios sucesivos que han deteriorado el mercado del trabajo, llevando a plantear la idea de una “emergencia laboral”.

La acumulación de más de dos años de cifras de desempleo por sobre el 8%, y con tasas muy superiores entre grupos de alta sensibilidad social, sumada a una lenta creación de empleo son dos de las muchas manifestaciones del problema laboral que se ha desencadenado bajo la administración del Presidente Boric.

En este contexto, el relativo énfasis en materias de empleo que incluye el reciente Informe de Política Monetaria (IPoM) del Banco Central es más que justificado. Frente a una economía que no ha logrado retomar un alto crecimiento y al debate sobre si es necesario o no reducir la tasa de política monetaria, la eventualidad de que altos costos laborales estén impactando tanto el empleo como los precios es un ámbito imposible de soslayar. Además, considerando que los equipos del instituto emisor tienen la posibilidad de analizar y cotejar distintas fuentes de información —algunas no disponibles para otros investigadores—, sus análisis son particularmente valiosos.

Dos son las principales conclusiones del IPoM en esta materia. En cuanto a la inflación, particularmente aquella asociada al alza en los precios de los servicios, advierte que las presiones salariales de los últimos trimestres están jugando un rol importante. Agrega que los costos laborales son una de las mayores preocupaciones de las empresas, lo que explicaría el mecanismo de transmisión que uniría los cambios en la legislación (por ejemplo, leyes de salario mínimo) y las alzas en los precios finales de servicios. Obviar esta evidencia sería una falta injustificable a sus responsabilidades por parte del Banco Central.

En cuanto al empleo, los estudios realizados indican que el aumento del salario mínimo y la reducción de la jornada a 40 horas “explican la mayor parte del alza de los costos laborales y han incidido negativamente en el empleo”. En particular, se señala que un aumento en el salario mínimo como el observado en 2023 podría estar asociado a una caída de 1,5% en el empleo asalariado formal; el impacto sobre el empleo total también sería negativo. Estas estimaciones se suman a las de IPoM anteriores que anticipaban que las empresas más afectadas por las dinámicas en la legislación serían las pymes.

No es parte del mandato del Central velar por el pleno empleo, pero sí es clave que su Consejo utilice, para su toma de decisiones, antecedentes respecto de las fuerzas que están afectando todas las variables de la economía. Eso es lo que se expresa en el IPoM.

Al límite de la intervención

Como documento técnico, todo IPoM se limita a presentar los resultados estadísticos sin hacer juicios de valor y con particular cuidado frente al riesgo de confundir causalidad con correlación. Por lo mismo, es destacable la solidez y convicción con que sus equipos analizaron la asociación empírica entre el aumento de los costos salariales y el deterioro en el mercado laboral.

Sus conclusiones debieran originar una reflexión en el mundo político que, con sus decisiones legislativas, ha sido responsable de la “emergencia laboral”. Tanto los aumentos del salario mínimo como la reducción de la jornada fueron proyectos discutidos y aprobados por el Congreso. En distintas oportunidades, los parlamentarios pudieron escuchar las dudas y alertas de los técnicos respecto de las consecuencias de largo plazo del aumento de los costos laborales en un escenario de bajo crecimiento y productividad. Ahora, la población paga los costos de la desatención a dichas advertencias.

Es de esperar, entonces, que las conclusiones del Central generen un debate en los partidos. El mercado laboral no tiene la capacidad para continuar neutralizando la gran cantidad de medidas que han encarecido el trabajo formal. La facilidad con que siguen promoviéndose impuestos sobre el empleo, por ejemplo, en el financiamiento de la educación superior, sugiere desconocimiento o desdén respecto de las fuerzas que mueven la demanda por trabajo.

Pero, lamentablemente, el oficialismo parece haber desechado cualquier mínima reflexión. Previo al IPoM, el ministro Grau había planteado dudas respecto de que el alza del salario mínimo afectara al empleo. El informe debió haber despejado esas dudas, pero, en lugar de ello, el propio Presidente Boric, sin evidencia alguna, ha salido ahora a plantear sus discrepancias frente al Central. Su posición ha sido reforzada por ministros de Estado y parlamentarios de izquierda que han llegado a cuestionar abiertamente al ente emisor.

Si bien la crítica es parte de la libertad de expresión, la acción concertada del oficialismo para desacreditar el trabajo técnico de un órgano autónomo tiene rasgos que se acercan a una indebida intervención en su labor. Más aún cuando faltan dos meses para unas elecciones en las que va como candidata quien fuera la ministra que impulsó la agenda laboral cuyos resultados ahora se evidencian. Acusar de “sesgos” al Central —como han hecho parlamentarios— no es tan distinto de los insultos que un líder como Donald Trump suele proferir contra las autoridades de la Reserva Federal estadounidense, causando justificado rechazo.