No solo perdedores deja la permisología. También hay quienes se benefician de las trabas a las inversiones. Son las profesiones asociadas a la tramitación de proyectos, desde abogados y antropólogos a expertos ambientales, a quienes se han sumado los arqueólogos. Esta profesión, que hasta hace no mucho tenía un campo laboral reducido, enfrenta hoy una demanda tan fuerte que las altas remuneraciones han comenzado a atraer incluso a especialistas extranjeros, al tiempo que las universidades amplían sus cupos. Es el resultado de las cada vez más rigurosas exigencias por parte del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) que deben cumplir los proyectos de inversión. Esto ha hecho que tanto las empresas como el Ministerio de Obras Públicas y las consultoras contraten a estos profesionales para el desarrollo —o el cuestionamiento— de las iniciativas.

El precio para el país, sin embargo, es enorme. Según estimaciones, las exigencias arqueológicas elevaron en US$ 50 millones (entre costos directos e indirectos, debido al retraso luego de hallazgos) el costo de las líneas 3 y 6 del metro. En la 7, en tanto, los sobrecostos superan los US$ 70 millones. También hay hospitales y otras muchas urgentes obras públicas que se atrasan, la inversión se ve desalentada y contratistas terminan quebrando debido a las demoras en los pagos.

Es inevitable que los intentos por acelerar la tramitación de inversiones se enfrenten al lobby de quienes se benefician con sus retrasos. En este sentido, no servirá de mucho la reciente ley de permisología mientras se excluya al CMN del esfuerzo de simplificación de los procesos; debería ser reformulado para constituirse en un organismo efectivo, sin conflictos de interés y con una visión clara de los costos que le impone al resto de la sociedad.

La pregunta que como país debemos hacernos es qué es lo que intentamos preservar a tan alto costo. No son en general piezas atractivas. Se trata, más bien, de restos de alguna actividad humana, tales como conchales, pedazos de cerámica o trozos de piedra que pudieron ser herramientas líticas (o tal vez solo trozos líticos naturales), y a menudo de data relativamente reciente. Entre ellos, poco hay que pueda mostrarse en un museo, por lo que los sacos de los rescates se acumulan en sus bodegas.

Los arqueólogos podrán argumentar que estos hallazgos permiten conocer la forma en que se asentaban las comunidades nativas en el territorio; cómo cambiaba la cultura, y el efecto de la Conquista. Tal vez ayuden también a comprender mejor la vida colonial y hasta principios del siglo XX. Esto es válido e importante, pero la pregunta es a qué costo va el país a obtener estos conocimientos. Como programa de investigación, debe ser por lejos el más costoso para la sociedad y las personas. Se traduce en enfermos sin acceso a hospitales retrasados por años, más informalidad y cesantía porque las inversiones se ven paralizadas, y congestión porque aeropuertos, puertos, metro y carreteras se retrasan. Finalmente, no es necesaria la protección de toda reliquia para conocer lo que ha sido importante en el desarrollo de las culturas y de las personas en el territorio.