El informe de la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público, convocada por el Ministerio de Hacienda, es un aporte importante a la discusión en el contexto actual. Las ingentes presiones fiscales y las propuestas de recortar gasto público para evitar un mayor crecimiento de la deuda encuentran en este informe un análisis valioso.

El objetivo de la comisión estaba circunscrito a identificar espacios de ajuste a la baja en el nivel del gasto, así como proponer medidas para limitar su crecimiento futuro. Otros temas que impactan de manera directa sobre las proyecciones fiscales, como la persistente sobreestimación de los ingresos, no fueron parte del mandato. En cambio, la comisión propone medidas para producir rebajas en el gasto público cercanas a dos mil millones de dólares anuales, las que podrían ser implementadas en un plazo de cuatro años. A su vez, las medidas de contención del gasto, referidas a evitar que algunas partidas sigan creciendo al ritmo actual, plantean la liberación de recursos anuales adicionales por 2.500 millones de dólares.

El alcance de estos planteamientos debe ser bien entendido a la luz de las propuestas programáticas de reducción del gasto que se han formulado en el contexto de la campaña presidencial. Los supuestos utilizados por la comisión para intervenir y reducir ciertos programas sociales —apuntando principalmente a programas que tengan bajas evaluaciones o también observaciones persistentes por parte de Contraloría— no constituyen una limitación para que otros programas puedan ser también evaluados y reemplazados. Después de todo, es la rigidez frente a la evaluación y la resistencia al cierre de programas lo que perpetúa los excesos en el gasto público. Sin embargo, en la medida en que las necesidades cambian, es perfectamente viable modificar planes y con ello generar espacio fiscal. En ese sentido, estas propuestas pueden entenderse como la cota inferior de ese esfuerzo.

La reacción política a este informe ha sido, en tanto, sintomática de las dificultades que significa intentar llevar a cabo estos recortes. En principio, las declaraciones a favor de la responsabilidad fiscal y de la necesidad de racionalizar el gasto son casi unánimes, pero solo hasta que se conocen los detalles. Por su parte, el Gobierno ha sido tímido a este respecto, enfatizando que será una próxima administración la encargada de implementar las medidas. De este modo, como la ejecución de recortes en un año electoral es compleja, el mismo gobierno que convocó a esta comisión ha insinuado que su esfuerzo fiscal estará enfocado en partidas que no han sido discutidas por ella. Con todo, quizá justamente esto sea una muestra de que el espacio fiscal es aún mayor de lo que propone el grupo asesor.

En cuanto a los sectores de oposición, su actitud en esta materia debiera ser cuidadosa. Es razonable oponerse a recortes del gasto que tengan una justificación dudosa o que reflejen un evidente sesgo político, pero parte del mensaje electoral opositor está basado precisamente en la necesidad de reducciones amplias del gasto público. Alimentar sin más la oposición a un ajuste fiscal ahora puede terminar minando la credibilidad para implementar su propio programa en el futuro.