Señor Director:

El 16 de mayo de 2024 presentamos un recurso contra el Dictamen N°235/8 de la Dirección del Trabajo (DT), que estableció un controvertido criterio para aplicar la proporcionalidad en la rebaja de la Ley de 40 horas. Sin embargo, la DT respondió recién el 3 de septiembre de 2025, más de un año después, pese a que el asunto incidía directamente en cómo miles de empresas debían implementar la reducción horaria.

El rechazo del recurso no sorprende; lo inaceptable son los plazos y la justificación. La DT se amparó en una ley miscelánea aprobada en julio de 2025, es decir, más de un año después de presentada la impugnación, evitando pronunciarse sobre el derecho vigente al momento de su interposición.

Durante ese prolongado silencio administrativo, la DT perdió múltiples juicios que invalidaron las multas aplicadas bajo su errónea interpretación y el propio Ejecutivo debió legislar para “reinterpretar” la norma. Solo entonces la DT resolvió el recurso, escudándose en una norma sobreviniente para validar su posición inicial.

Este episodio daña gravemente la certeza jurídica y la confianza en la institucionalidad laboral. La demora injustificada, la negativa a reconocer lo que gremios y empresas advirtieron oportunamente y la necesidad de que el Congreso interviniera para corregir el error, son síntomas de un problema mayor: una autoridad que, en vez de orientar y facilitar el cumplimiento de la ley, genera incertidumbre, litigios y costos evitables. Y eso, en un Estado de Derecho, resulta simplemente inaceptable.

José Pakomio
Presidente de la Cámara Nacional de Comercio