A poco más de dos meses de la primera vuelta, el ambiente electoral se ha tomado la agenda pública y pareciera que también la gubernamental. Preocupa que en las semanas que restan, las operaciones de campaña se decidan en La Moneda y se confunda la acción de gobernar con la de conseguir su continuidad en el poder. Una serie de episodios recientes muestran cómo las autoridades, partiendo por el Presidente, no pierden ocasión para arremeter contra los candidatos de oposición y hacer uso táctico de las posibilidades que ofrece el control del Estado.

Esta semana, a propósito del alza de la PGU, en un cuidado acto en La Moneda, rodeado de adultos mayores, el mandatario llamó a “defender” la reforma previsional para evitar un posible “retroceso”, en evidente alusión a la propuesta de José Antonio Kast llamada “chao préstamo”. En el mismo acto, una de las invitadas aprovechó su intervención para agradecer por el beneficio a la exministra del Trabajo (la hoy candidata oficialista, Jeannette Jara). Todo esto originó una denuncia ante la Contraloría por parte de parlamentarios socialcristianos. Y es que la coordinación entre La Moneda y el comando de Jara resulta a menudo notoria, con la ministra Camila Vallejo (correligionaria de la candidata) jugando un papel central. Fue ella quien hace algunas semanas cuestionó a Evelyn Matthei por su carta al economista Sebastián Edwards sobre derechos humanos y esta semana fue ella también quien salió a cumplir el instructivo oficialista de “mantener vivo” el tema del reportaje de Chilevisión sobre uso de bots en la campaña.

Pero la preocupación de Palacio no se ha limitado a las palabras. Comentado fue el papel desempeñado por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y por el propio Presidente durante las tratativas para la conformación de las listas parlamentarias. A su vez, en el manejo de la agenda legislativa, el Ejecutivo ha puesto urgencia a proyectos emblemáticos para su sector, como la eutanasia y el aborto libre, al tiempo que se resta de dar ese impulso a la legislación sobre sanciones por no votar, pese a la obvia necesidad de que sea aprobada antes de los comicios. Por el contrario, el futuro de este proyecto resulta incierto, con el oficialismo empeñado en obstaculizarlo.

Ante este panorama, inevitable es recordar la actuación gubernamental con ocasión del referéndum constitucional de 2022, cuando el Presidente y sus ministros salieron incluso a autografiar ejemplares del texto que se plebiscitaría.

La competencia democrática requiere de una clara prescindencia de las autoridades gubernamentales en el debate electoral. Corresponde a los candidatos proponer, defender y explicar las diferentes iniciativas sobre las cuales la ciudadanía debe decidir informadamente. Los debates, la franja televisiva, además de la cobertura periodística, permiten una vasta difusión de las propuestas en juego. No es tarea de La Moneda ser parte de ello. Por el contrario, su intromisión crea distorsiones y altera los equilibrios democráticos. Es de desear que el Gobierno no espere el pronunciamiento de Contraloría para tomar distancia de una campaña en la que no está llamado a participar.