Como si fuera una fórmula mágica, una vez más se plantea en el Congreso el endurecimiento de las leyes penales como principal medida para hacer frente a la delincuencia, en esta oportunidad, aquella en la que participan personas adolescentes. Contra la evidencia que apunta a una menor participación de adolescentes en delitos violentos en comparación con el comienzo de la década pasada, se aduce que hoy estarían siendo utilizados masivamente por el “crimen organizado”, concepto que, dando cuenta de una realidad tan grave como preocupante, se esgrime, sin embargo, como si en nombre de combatirlo estuviera permitido restringir severamente cualquier derecho. A partir de este discutible diagnóstico, se concluye que la reacción tiene que ser rebajar la edad de imputabilidad adolescente e incrementar la duración de las penas de encierro.

Ambas conclusiones son erróneas. Al rebajar por debajo de los 14 años la edad de la imputabilidad penal, en la mayor parte de los casos se consolidará definitivamente una trayectoria delictual que pudo haberse evitado por la vía de aplicar oportunamente un programa de intervención apropiado. Quienes se encuentran en esa etapa de la vida requieren algo muy diferente del derecho penal. Si se les trata como delincuentes antes de llegar a serlo propiamente, casi sin duda se convertirán en tales para el resto de su vida. Por cierto, para su inserción social se requiere de instituciones idóneas, en las que como mínimo exista separación entre los adolescentes que han entrado en conflicto con la justicia y los demás que están bajo la protección inmediata del Estado. Mantener la edad actual de imputabilidad no significa desconocer que ya antes de esa edad se presentan conductas que deben ser abordadas con medios diferentes de aquellos con los que se combate el abandono y la precariedad social.

Otro tanto puede decirse de un mayor uso y una mayor duración de las penas de encierro para los adolescentes imputables. El efecto criminógeno de esta clase de sanciones se encuentra vastamente estudiado y demostrado por los expertos. El verdadero problema está en que la creación de alternativas a la privación de libertad es costosa y requiere personal y medios relativamente sofisticados. Es mucho más simple y barato encerrar y limitarse a un control perimetral de los lugares de encierro. Pero un programa semejante no resiste el menor análisis. Todos los adolescentes a quienes se encarcele de acuerdo con esta política miope saldrán algún día en libertad, y lo harán habiendo consolidado una carrera delictiva que probablemente ya no les abandonará. ¿Cuántos miles de jóvenes queremos que salgan a las calles en estas condiciones durante los próximos años? ¿Cuántos están saliendo hoy?

La educación para la inserción y reinserción social es costosa y requiere instituciones sólidas, con personal de alto nivel técnico, humano y profesional. Pero es el único camino para ayudar a esos jóvenes a salir del círculo vicioso en el que se encuentran y, como consecuencia de ello, mejorar los índices de victimización y seguridad pública. En esta materia no existen atajos. Por el contrario, cuando se opta por rutas equivocadas se llega a un lugar indeseado y, en este caso, a un futuro aun más peligroso y violento.