El Senado comienza a analizar el proyecto de ley que condona el CAE y crea un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior (FES). Por las razones que se detallan a continuación, confiamos en que el Senado —fiel a su tradición como espacio de reflexión, generador de políticas públicas de mayor calidad y promotor de acuerdos significativos— evalúe con profundidad, y sin prisas, los beneficios y riesgos que implica el FES. Solo así podrá alcanzarse un resultado que no dañe al sistema universitario, como ocurrirá de aprobarse el texto proveniente de la Cámara de Diputados.

1.- Impacto Fiscal: El país atraviesa una situación delicada en sus finanzas públicas. El Consejo Fiscal Autónomo, CFA, creado precisamente para resguardar la estabilidad de las cuentas fiscales, ha advertido reiteradamente sobre este escenario. Chile mantiene un límite legal de deuda pública de 45% del PIB, y hoy se sitúa en 42,3%. La posibilidad cierta de una desviación como la que previenen los expertos respecto del FES podría llevarnos a superar ese umbral, con el consiguiente deterioro en la calificación de riesgo y un aumento en las tasas de interés, afectando la recuperación económica.

En efecto, el propio Informe Financiero del proyecto (IF, Nº 136) declara que el FES genera un saldo negativo en los 10 primeros años por US$ 6.200 millones. Asimismo, el CFA indicó que al sensibilizar el supuesto sobre el número de estudiantes que adoptaría el nuevo instrumento, se puede acentuar el resultado final negativo, lo cual fue reconocido por la Dipres en su informe a la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados (REG.28GG).

Con el nuevo sistema, la responsabilidad sobre todos los recursos para la educación superior dependerá del Estado. Y ello en un contexto de persistente deterioro de los fondos soberanos, cuyo objetivo es enfrentar crisis futuras. Antes de la pandemia, el Fondo de Estabilización Económica y Social alcanzaba US$ 12.233 millones; a diciembre pasado solo quedaban US$ 3.618 millones. Este mayor grado de dependencia del financiamiento público no solo amenaza la sustentabilidad del sistema universitario, con graves consecuencias sociales, sino, además, cualquier compensación del Estado para mitigar estos impactos significará incurrir en mayores recursos fiscales.

Pero hay más: el FES incorpora incentivos que pueden derivar en conductas oportunistas y que comprometen su sostenibilidad. Por ejemplo, a un deudor podría cobrársele hasta 3,5 veces el valor real de su carrera, y se ha reconocido que, a nivel global, un 25% de los estudiantes pagará más del costo de sus carreras. Esto equivale a tomar un crédito en UF con una tasa de interés real cercana al 17%.

En otras palabras, se trata de un sistema abusivo y mal diseñado, sin los atributos mínimos de una buena política pública. No por nada se ha señalado que el FES es “un Transantiago de la educación superior”.

2. Impacto en la calidad: Los indicadores de educación superior en Chile muestran un notable avance en cobertura y calidad. En poco más de 20 años, la cobertura neta pasó de alrededor del 13% a un 42%. En términos de calidad, Chile lidera la región en producción científica por habitante, alcanzando el 34% de la producción per cápita de Estados Unidos, país con el sistema universitario más productivo del mundo.

Sin embargo, el FES avanza en dirección contraria a los factores que explican el éxito de los sistemas universitarios: reduce los recursos privados que complementan los aportes fiscales, centraliza el financiamiento, promueve la uniformidad, reduce la competencia y la innovación, genera dependencia del Estado y rigidiza el funcionamiento institucional.

3. Autonomía: El nuevo sistema de financiamiento atenta gravemente contra la autonomía de las universidades, al hacerlas 100% dependientes de los recursos estatales. Además, el gobierno de turno pasaría a controlar tanto la asignación de cupos como la fijación de aranceles de las carreras. Esta nueva realidad es incompatible con una sociedad democrática, en la que las universidades deben ser espacios de reflexión libre, lo cual exige autonomía académica y financiera.

Estos y otros impactos, que también comprometen el objetivo de desarrollo del país, hacen imprescindible que el Senado modifique profundamente el proyecto de ley. Se requiere recoger la experiencia internacional, consultar a expertos y escuchar la voz de las instituciones de educación superior, a fin de construir una política pública sostenible y que fortalezca al sistema universitario chileno.

Cristián Larroulet V.
Carlos Williamson