Hace una década, se puso fin al lucro, el copago y la selección en los colegios con financiamiento público, y comenzó la gratuidad en educación superior. Estas reformas surgieron de un intenso debate ideológico que estalló al alero del movimiento estudiantil de 2011. Mal que mal, ellas involucraban cuestiones importantes de principios, como los límites del lucro, la libertad para invertir en la educación de los hijos o qué significa que la educación sea un derecho. Tal vez el menos debatido de estos elementos fue la centralización de las postulaciones escolares mediante el Sistema de Admisión Escolar (SAE), que generaba bastante consenso entre los expertos.

El fin del lucro apuntaba a mejorar la calidad y el del copago, a reducir la segregación. Hace falta más investigación, pero es difícil creer que hubo un cambio sustantivo en estas dimensiones. A su vez, la gratuidad tampoco parece haber mejorado mayormente el acceso a la educación superior. El fin del lucro creó un fondo de US$ 200 millones, mientras que el fin del copago y la gratuidad cuestan del orden de US$ 600 y US$ 2.500 millones anuales. El SAE, en cambio, no tiene mayor costo fiscal y además ahorra a los colegios tener su propio sistema de postulación. Aunque es perfectible y quizás deba agregar nuevos criterios de prioridad, el SAE optimiza las probabilidades de asignar a las familias a sus preferencias.

Así las cosas, sorprende que, de entre todas estas reformas, parte de sus opositores iniciales hayan escogido al SAE para seguir la batalla. Bajo el epíteto despectivo de “la tómbola”, prefirieron pelear contra el elemento de mayor consenso técnico, que no toca un aspecto valórico central y que es, además, por lejos el más barato.

¿Qué podría haber tras esto? Primero, el debate de estas reformas se dio en un (entonces novedoso) tono de descalificación hacia el conocimiento técnico. Por ejemplo, el autor de cabecera de los reformistas acusaba a sus detractores de “disfrazar bajo la retórica de la libertad su defensa del interés de los privilegiados”. En esa mirada, no había una discusión legítima sobre la mejor forma de organizar el sistema educativo, sino solo interés disfrazado. Aun cuando pediría a los políticos más altura de miras, no sorprende que sectores que fueron entonces vapuleados hayan tomado la primera opción para devolver el golpe, sin reparar en alcances técnicos.

A su vez, como toda política, el SAE tuvo perdedores. Aunque en promedio maximiza (e iguala) la probabilidad de todos de quedar en sus preferencias, hay familias que antes corrían con ventaja, por ejemplo, porque estaban dispuestas a acampar fuera de un colegio para asegurar un cupo. Eliminar esa ventaja tocó una fibra profunda: esos perdedores creyeron que se había dañado el derecho de las familias de elegir la educación de sus hijos. Además, no sin razón, creían tener el mérito de dar a la educación el valor que merece. Y muchos empatizaron con esas percepciones.

Así, el éxito comunicacional de la pelea contra la “tómbola” quizás muestre cuán difícil es retroceder en algún espacio de elección individual. Pero, a la vez, revela que la política virulenta no es buena para elegir sus batallas.