El 7 de agosto de 2012, en el primer gobierno de Sebastián Piñera, se abrieron los sobres de la primera licitación del anteproyecto para la construcción del Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría. Como antecedente para proceder, se tomó en cuenta el impacto del terremoto de 2010 en la infraestructura hospitalaria de la zona central. A fines de enero de 2014, finalmente se resolvió la adjudicación de la obra, con una concesión de mantenimiento y explotación de servicios no clínicos, en medio de las críticas de los funcionarios, que realizaron un paro con apoyo de grupos políticos de la naciente Nueva Mayoría. Más de una década más tarde, pandemia mediante y, en consecuencia, con una emergencia sanitaria que no ha sido superada por millones de personas que aún esperan su atención, el complejo hospitalario aún no ve la luz.

En este mes, se acaba de adjudicar la segunda concesión para el aeropuerto de La Araucanía. Es una inversión calculada inicialmente en US$ 138 millones, que cuadruplica la superficie del terminal y se otorga por 26 años, debiendo iniciarse su construcción en 2027. No obstante, ya se advierten dificultades, pues el terminal está en una zona de humedales y habrá que hacer un estudio de impacto ambiental. Además, se menciona que la ampliación bien podría estimarse que provocará un impacto económico y social en la comuna de Freire, lo que haría exigible una consulta indígena. De darse esto, el proyecto se encarecería y, desde luego, se retrasaría.

Los atrasos en obras públicas de ejecución urgente se van repitiendo y no se percibe una reacción del Estado. Crece la impresión en muchos de que los poderes públicos solo se preocupan de aumentar las exigencias, sin medir todas las consecuencias de sus ordenanzas. El caso del Salvador adquiere un carácter paradigmático, puesto que ante las interrupciones de su construcción los gobiernos parecen lavarse las manos, pese a la dramática urgencia de las listas de espera. Como ha dicho la ministra de Obras Públicas, el actual gobierno tiene un sólido compromiso con las concesiones como política pública, pero a la vez afirma que los hallazgos arqueológicos constituyen una interrupción ajena a la voluntad del Ejecutivo. Sin embargo, tales hallazgos no significaron aporte alguno a la arqueología chilena, pero sí causan verdadero sufrimiento en las personas que siguen esperando atención médica. Es posible que la voluntad del ministerio no esté involucrada, pero es la Administración del país, en un sentido amplio, la que ha fijado las reglas y está obligada a revisarlas si no cumplen sus objetivos.

La necesidad de un Estado vigoroso no puede ponerse en duda cuando se vive una crisis de seguridad pública, pero es necesario que actúe haciéndose cargo de todas sus responsabilidades. No parecería sensato dejar a la población a la espera de sus aeropuertos o de superar los impactos en el sistema hospitalario de un terremoto quince años después de ocurrido, sin que se corrijan los defectos de sus imposiciones. Si el nuevo Hospital del Salvador aún no existe 12 años después de acordada su construcción y esta es una situación que se repite a lo largo del país, debería haber llegado la hora de revisar la normativa que impide avanzar en Chile al ritmo que se requiere.