¿Hasta dónde está dispuesto Washington a avanzar en la amenaza de usar la fuerza militar fuera de sus fronteras para luchar contra los carteles de la droga? Esa es una interrogante que solo Donald Trump podría hoy responder. La orden de desplegar toda una flotilla de buques de guerra en el Caribe frente a Venezuela fue explicada como medida “para frenar el narcotráfico y llevar a los responsables a la justicia”, pero también como forma de “máxima presión” sobre el régimen de Nicolás Maduro, a quien EE.UU. considera líder de una organización criminal terrorista que conspira para llevar drogas a ese país. ¿Es esta solo una muestra de fuerza o el preámbulo de una invasión?

Sea cualquiera la respuesta, lo cierto es que los buques desplegados tienen capacidad para realizar una amplia gama de tareas. Se trata de un grupo de tres destructores multipropósito, dotados de radares de alta potencia y última generación, que pueden efectuar simultáneamente misiones de búsqueda, seguimiento y lanzamiento de misiles, para defensa aérea y submarina, y ataques terrestres. Llevan a bordo también helicópteros y aviones de combate y de reconocimiento. Estarían acompañados de un grupo anfibio, compuesto de otros tres buques que pueden desembarcar tropas, a los que se suma un submarino de propulsión nuclear, capaz de operar sumergido durante meses. Las naves de guerra, con 4.000 efectivos —2.500 marines entre ellos—, estarían todas en sus posiciones en los próximos días, listas para ejecutar las órdenes que Trump les encargue.

Aunque Maduro consideró el despliegue una “amenaza extravagante, estrambótica y estrafalaria de un imperio decadente”, ordenó a sus militares y a “4,5 millones de milicianos” prepararse y armarse para “defender la soberanía”, mientras sus ministros acusaron a EE.UU. de usar una “narrativa para justificar una agresión” que pone en riesgo “la paz y estabilidad de la región”. El dictador sabe que Trump ha tenido como objetivo terminar con su régimen desde su primer mandato y, rodeado de funcionarios como Marco Rubio, que ha dicho dar un “apoyo inquebrantable a la restauración del orden democrático”, no cejará en ese empeño. Sanciones económicas, confiscación de bienes de Maduro por unos US$ 700 millones, y denegación de visas son parte de las medidas punitivas, ahora complementadas con la amenaza tácita de invasión, y la advertencia a sus ciudadanos para que salgan de Venezuela por riesgo de “detención, tortura durante la detención, terrorismo, secuestro, prácticas policiales injustas, delitos violentos y disturbios”.

Líderes de izquierda salieron a defender a Maduro: Gustavo Petro, Luis Arce, Claudia Sheinbaum, los países caribeños del ALBA. Todos rechazan “el intervencionismo imperialista” y solidarizan con una Venezuela que podría ser invadida. La Casa Blanca no ha dicho eso, pero sí que sus tropas están autorizadas para realizar operativos contra los cabecillas de los carteles, y Maduro es considerado uno de ellos. Puede que el objetivo inmediato no sea desembarcar, pero es evidente que EE.UU. busca presionar a Maduro y su entorno para que deponga el poder. La recompensa de 50 millones de dólares (más alta que la de Osama bin Laden) por información que lleve a la captura del dictador venezolano podría ser un incentivo para que militares hasta ahora leales al chavismo reconsideren esa posición y entreguen a su jefe. Otra opción es que negociaciones en la sombra busquen convencer al líder chavista de exiliarse en Cuba, por ejemplo, a cambio de una amnistía. Con Trump no se puede más que especular.