En medio de una noche de niebla, se fugaron hace una semana tres reos de la cárcel de Valparaíso empleando los métodos tradicionales conocidos a través de películas y revistas. Primero limaron los barrotes de su celda, en seguida descolgaron un cable de acero que fue enganchado a un vehículo en el exterior del presidio y luego de que este lo tensara, se deslizaron por él, como haciendo canopy, hasta quedar fuera del recinto. Como lo afirmó el subsecretario de Justicia, para lograr una huida tan exitosa debieron fallar muchos mecanismos previos de las tareas propias de Gendarmería, desde el control de elementos que entran a la cárcel hasta la vigilancia misma de los reos. Por cierto, se anunciaron toda suerte de medidas, de investigación y de sumarios, más la suspensión de sus cargos de los principales responsables de esa cárcel, y se habla de sanciones severas, pero la ciudadanía no se conmueve con esta clase de anuncios y prevalece un generalizado escepticismo acerca de sus resultados.

Los fugados eran reos peligrosos, según se desprende de sus antecedentes: uno de ellos había dado muerte a un suboficial de carabineros, otro a una fotógrafa y el tercero forma parte de una banda dedicada al narcotráfico que también cometió un asesinato para robar. La fuga no es un asunto inocuo para un país que atraviesa por una crisis de seguridad pública y, además de constituir un símbolo de la mala gestión del problema de la delincuencia, instaura una amenaza real sobre una población atemorizada. El ministro de Justicia, con posterioridad a los hechos, hizo ver que existe una sobrepoblación carcelaria y afirmó que, si bien todos los sistemas carcelarios tienen incidentes, en Chile las cifras indican que estos están en disminución. Es posible que el ministro tenga razón, pues no solo todos los sistemas carcelarios tienen problemas, sino que el nuestro los ha tenido desde hace muchos años, sin que se registren progresos. Por el contrario, a medida que la situación de la delincuencia se vuelve más grave, más serias parecen ser las incidencias.

La situación de Gendarmería de Chile debiera ser objeto de un análisis profundo por parte de las autoridades, pues ellos son quienes deben lidiar con cárceles sobrepobladas —ahora con números significativos de delincuentes internacionales—, pero con dotaciones insuficientes e incompletas. Su alto mando contiene cargos que aparecen inexplicablemente vacíos, además de no contar con un director titular desde el mes pasado, en que debido a decisiones cuestionadas se le solicitó la renuncia a su director titular. Su dependencia del Ministerio de Justicia tampoco parece justificarse luego de la creación de un Ministerio de Seguridad Pública, pues aquel tiene como misión principal el funcionamiento del sistema judicial, en tanto este último tiene la obligación de resguardar la seguridad y el orden públicos, justamente lo que ha quedado amenazado con la fuga de los peligrosos reos.

Chile enfrenta una situación de riesgo en cuanto a la presencia de crimen organizado, el que intenta sentar raíces en nuestras ciudades. Sus actuaciones son una amenaza al orden público y está claro para muchos observadores que desde la cárcel se controlan las actividades de las bandas criminales. Difícilmente el Ministerio de Seguridad podrá desempeñar bien su papel si no tiene injerencia en el manejo de las cárceles. La débil gestión del Gobierno en esta materia tiene una proyección política, pues afecta a todas las agrupaciones y partidos que se perciben como excesivamente tolerantes con la delincuencia. La intranquilidad que reina en las poblaciones y en el centro de Santiago se atribuye en último término a la alicaída respuesta de las autoridades ante la conducta cada vez más osada de esos grupos y sus delincuentes, entre los cuales están algunos de los reos fugados. Puede considerarse otra manifestación de las fallas del Estado que no responde a las necesidades de la población y no la protege ni resguarda de las amenazas de las bandas criminales.