La masiva llegada de inmigrantes a Chile en los últimos años ha provocado importantes cambios en la composición de la población en ciertas comunas, ha modificado las percepciones de la ciudadanía respecto de la llegada de esos extranjeros, y ha generado la necesidad de adecuar y modernizar las políticas públicas al respecto en los más distintos ámbitos.

En efecto, los inmigrantes pasaron de un 4,4% de la población en 2017 a un 8,8% del total en 2024, según el último Censo. Eso equivale a más de un millón seiscientas mil personas, y es posible que en los próximos 10 años lleguen al 10% o 12%, como en otros países de la OCDE. La distribución de inmigrantes no es pareja. Hay casi un millón en la Región Metropolitana, son más del 23% de la población en la provincia de Tarapacá y en la de Antofagasta casi el 20%; a su vez, por nacionalidades, más del 40% son venezolanos, seguidos de peruanos, colombianos, bolivianos y haitianos.

La velocidad con que este fenómeno se ha extendido ha cambiado la tradicional manera en que se apreciaba la inmigración en Chile. Según un estudio preparado por la Fundación 3xi y entregado este mes, solo un 20% de las personas considera que los inmigrantes son un aporte y un 60% cree que son un problema. Sobre el 60% de los encuestados valoriza negativamente la llegada de inmigrantes, porque eso les hace más difícil encontrar trabajo, porque impulsan los salarios a la baja y, además, porque les dificulta el acceso a los subsidios. Asimismo, respecto de las leyes que regulan la entrada y permanencia de extranjeros en Chile, un 90% de las personas considera que estas son entre tolerantes o muy tolerantes. Y aunque alrededor de un 60% considera que deben tener derecho a educación y servicios públicos de salud, más del 75% de las personas cree que su llegada aumenta el crimen y el tráfico de drogas. Con todo, más del 80% está dispuesto a trabajar o estudiar con inmigrantes y a tener un jefe que lo sea, así como un 70% se muestra abierto a tenerlos de vecinos.

Dados estos antecedentes, un grupo de diez centros de estudio se abocó, de manera conjunta, a elaborar políticas que enfrentaran esta problemática. Produjeron 36 propuestas, agrupadas en cinco ejes: institucionalidad, seguridad pública y control fronterizo, migración regular, integración y convivencia, e impulso al desarrollo. Resulta interesante constatar la amplitud de criterios con que abordaron el problema, no solo haciéndose cargo de las quejas de la población, sino también internalizando el hecho de que este tema difícilmente desaparecerá y que, además, la inmigración reglada y sujeta a controles adecuados también tiene impactos positivos.

Entre las propuestas respecto de la institucionalidad, está la necesidad de precisión en el lenguaje en los permisos migratorios, el fortalecimiento del servicio que los regula y un adecuado monitoreo y rendición de cuentas; en seguridad, el fortalecimiento de la infraestructura, el uso de tecnología y el control fronterizo; en migración regular, los procesos digitales en la firma de contratos y los registros biométricos que faciliten la identificación de migrantes regulares y la detención de los irregulares; en convivencia intercultural, programas que faciliten la integración de quienes hayan cumplido con todos los trámites; y en impulso productivo efectivo para el país, la detección de necesidades laborales que requieran inmigrantes, así como el establecimiento de cupos para llenarlos, de modo que la imagen negativa que cargan se mitigue con el positivo impacto que también pueden generar.

La inmigración seguirá ocurriendo. Por lo tanto, el esfuerzo que se haga para reglarla, inhibiendo sus aspectos negativos y reforzando los positivos, así como combatiendo la ilegalidad, es la estrategia requerida, y el trabajo de estos centros de estudio va en la dirección correcta.