El nuevo programa de gobierno de la candidata comunista, Jeannette Jara, da cuenta de un notorio cambio de estrategia respecto de la primaria oficialista. De una plataforma que parecía basada en la rabia y la confrontación (“La vida hoy está marcada por el abuso”, sostenía), el nuevo programa pasa a reconocer que los chilenos están “profundamente orgullosos” del país que han construido, y anticipa prioridades ligadas al empleo y la seguridad. Con todo, las líneas de acción anunciadas distan, en general, de ofrecer caminos de solución eficaces, que se aparten de las lógicas más tradicionales de la izquierda.

Así, por ejemplo, en lo referido al crecimiento económico, esta nueva plataforma programática replica conceptualmente lo impulsado por el actual gobierno y también en su momento por la Convención Constitucional: un esquema donde en definitiva el Estado está en el centro. La frase que mejor lo refleja es aquella que plantea la necesidad de un “acuerdo nacional que articule, de manera conjunta y complementaria, la orientación estratégica del Estado con el dinamismo del sector privado”. De este modo, y aunque no queda claro el alcance de ese acuerdo público-privado del que se habla, el programa vuelve a poner al aparato estatal como eje del quehacer económico, instalando una serie de oficinas y consejos públicos que, de alguna manera, intervienen en la definición y desarrollo de proyectos.

Y es que, según se revela ahí, la izquierda de Jara no parece entender la naturaleza del crecimiento y de la creación de riqueza, y el papel impulsor que allí juega la iniciativa privada. La tarea del Estado debe ser facilitar este proceso creativo, y no buscar dirigirlo. Por el contrario, la concurrencia de organizaciones sociales y de trabajadores en las instancias público-privadas que se plantean más bien terminará bloqueando, y no incentivando, el desarrollo de los proyectos. Pues no son las instancias de diálogo multigrupal la clave para destrabar el crecimiento, sino reglas claras que protejan ciertos bienes jurídicos, y bajo las cuales el sector privado pueda florecer. En este sentido, llama por ejemplo la atención la insistencia en la creación de una Empresa Nacional del Litio, una fórmula que incluso el actual gobierno debió, por realismo, abandonar y que significaría desandar la estrategia finalmente implementada.

Igual sesgo se observa en las propuestas sobre mercado laboral. Como botón de muestra, más que favorecer la creación de empleo privado, el nuevo programa anuncia la creación de una Agencia Nacional de Empleo y pone el énfasis en los subsidios al trabajo. Al mismo tiempo, insiste en avanzar en la negociación multinivel y propone un “ingreso vital” (“salario vital” en el programa original) de 750 mil pesos a fines del gobierno. Aunque no se entregan detalles de esta propuesta, la novedad de la fórmula, aparte del cambio de nombre, es que ahora considera también transferencias del Estado. Paradójicamente, podría haber aquí un punto de cercanía con las propuestas de candidatos de la oposición de impulsar un impuesto negativo al ingreso, que entregue beneficios monetarios directos a los trabajadores formales de menores ingresos. Esto podría lograrse a partir de la eliminación de programas sociales dispersos y de dudoso impacto social.

Finalmente, es en materia fiscal donde el programa marca una diferencia mayor con los planteamientos del actual gobierno, al no descansar en aumentos de impuestos (aunque no se descarten), sino en reasignaciones de gasto y optimización de programas mal evaluados. Esta suerte de reconocimiento de que no existe espacio para nuevas discusiones tributarias es un baño de realismo que parece haber permeado incluso a la candidatura de izquierda.