El mercado laboral chileno atraviesa una persistente debilidad que no se explica por un solo factor. En esencia, dos fuerzas se han combinado y retroalimentado: por un lado, el aumento sostenido de los costos laborales; por otro, una década de bajo crecimiento que ha mermado la demanda por trabajo. Como resultado, observamos un estancamiento en la creación de empleo, una baja tasa de ocupación y un desempleo más alto que antes de la pandemia.

Para comenzar, la tasa de ocupación (población ocupada de 15 años o más dividida por la población en edad de trabajar) está 1,8 puntos porcentuales por debajo de su nivel prepandemia (dic. 2019-feb. 2020): faltan 297.334 empleos para recuperar ese umbral. En particular, la caída ha sido más pronunciada entre los hombres (3,1 puntos porcentuales) que entre las mujeres (0,7 puntos porcentuales). Asimismo, la tasa de desempleo alcanzó 8,9% en el trimestre móvil terminado en junio, es decir, 1,1 puntos porcentuales por encima del nivel prepandemia y el registro más alto desde el año 2010, cuando Chile venía saliendo de la gran crisis financiera internacional. A su vez, en los últimos 12 meses, la creación de empleo fue prácticamente nula: apenas 141 puestos de trabajo. Si miramos a los países de la OCDE, y considerando para efectos de comparación la población de entre 15 y 64 años, la recuperación del mercado laboral pospandemia ha sido mucho más lenta en Chile que en el promedio de la OCDE, tanto en tasa de ocupación como en desempleo (H. Beyer, agosto 2025. Notas sobre el mercado laboral).

¿Por qué ocurre esto? En el frente de regulaciones y costos, en años recientes se han introducido una serie de políticas que han incrementado —y seguirán incrementando—los costos laborales: aumento significativo del salario mínimo, reducción escalonada de la jornada a 40 horas sin ajuste del salario hora y alza gradual de la tasa de cotización tras la reciente reforma de pensiones. Para dimensionarlo, solo desde el año 2022 a la fecha, el salario mínimo ha subido un 19,1% ajustado por inflación, lo que afecta especialmente el empleo de los trabajadores con salarios cercanos al mínimo, los que se encuentran principalmente en las pymes. A ello se suma que las empresas enfrentan importantes restricciones para reasignar tareas y aumentar la productividad, altos costos de despidos que desalientan las contrataciones y la capacitación, y un sistema de formación laboral que poco contribuye a mejorar las habilidades de los trabajadores y que no acompaña el cambio tecnológico. Por último, el profundo ajuste de la construcción —por efectos de la pandemia en la situación financiera de constructoras e inmobiliarias, créditos más caros para personas por los retiros de fondos previsionales— y el giro hacia compras digitales que ha golpeado al comercio han reforzado este cuadro.

En línea con lo anterior, el trabajo del Banco Central de E. Albagli y coautores (2024) concluye que las empresas con mayor proporción de trabajadores formales afectos al salario mínimo, frente al alza acumulada, reducen el empleo en 4,8% adicional respecto al resto de las empresas.

Por lo mismo, en un mercado laboral frágil conviene evitar medidas voluntaristas como fijar un “salario vital” de 750.000 pesos o introducir negociación por rama, que rigidice aún más este mercado. Más aún cuando los avances en digitalización e inteligencia artificial reducen el costo de sustituir trabajadores que desempeñan tareas rutinarias por la automatización. Si el objetivo es mejorar los ingresos de quienes ganan menos, existen alternativas más eficaces y menos destructivas de empleo: por un lado, capacitación efectiva con certificación de competencias y foco en productividad; por otro, separar salarios de ingreso mediante instrumentos como un impuesto negativo al ingreso, tal como se ha recomendado en El Puente, un texto que reúne un conjunto de propuestas elaboradas por un grupo transversal de economistas.

Ahora bien, el problema no es solo de costos: también de menor demanda por trabajo por el menor crecimiento. Después de crecer a una tasa promedio anual de 5,0% en 1993-2003 y 4,8% en 2003-2013, el crecimiento de la economía chilena se redujo a solo un 2,0% en 2013-2024. Volver a crecer en torno al 4% anual no solo contribuiría a mejorar los salarios en forma sostenible, sino que también impulsaría la creación de empleo y generaría recursos fiscales necesarios para atender las acuciosas demandas de la sociedad en seguridad, vivienda, salud y educación.

Para avanzar en esta dirección, se requiere un ambiente más favorable y predecible para la inversión, junto con fortalecer el Estado de Derecho, además de impulsar el ahorro —más allá de lo logrado con la recientemente aprobada reforma previsional— y mejorar el capital humano mediante educación y capacitación laboral alineadas con la adopción tecnológica. Dado que las nuevas tecnologías seguirán afectando la demanda por distintos tipos de trabajo, es importante promover la adquisición de habilidades tanto en el puesto de trabajo como a través de la capacitación y la educación formal. En paralelo, hacen falta reformas micro orientadas a elevar la productividad agregada del trabajo y del capital y la productividad agregada de la economía. Estas políticas fueron desarrolladas en El Puente y en una columna anterior de mi autoría.

En suma, recuperar empleo y mejorar ingresos exigen secuencia y foco: primero, no agravar las rigideces del mercado laboral; segundo, apoyar el ingreso de los trabajadores vulnerables sin destruir puestos de trabajo; y tercero, destrabar inversión y productividad para volver a crecer al 4%. Recuperando el crecimiento evitaremos seguir acumulando meses de débil ocupación y, en cambio, abriremos espacio para oportunidades reales de movilidad y bienestar para la ciudadanía.