Al inicio del actual Gobierno, una interrogante recurrente era cómo este llevaría a cabo su compromiso de poner fin al Crédito con Aval del Estado (CAE). Se insistió hasta el cansancio en que la medida representaría un verdadero cataclismo para las finanzas públicas. En octubre de 2024, el Gobierno presentó un proyecto de ley que no solo cumple con el propósito de alivianar la deuda estudiantil, sino que también fortalece la sostenibilidad fiscal.

La clave para explicar este contraste se debe a que no se está legislando sobre una hoja en blanco, sino reemplazando un sistema de financiamiento estudiantil que, lejos de desplazar el esfuerzo hacia el sistema financiero privado, terminó convirtiéndose en una carga pesada y creciente para el erario fiscal.

El CAE surgió cuando la cobertura en educación terciaria era de 50%, 10 puntos bajo el promedio OCDE, pero recibía la presión de cientos de miles de egresados del sistema escolar, contando con un número limitado de becas y el Fondo Solidario de las instituciones del Consejo de Rectores. Hoy, la cobertura supera el 90%, más de 15 puntos sobre el promedio de países OCDE, y más de 900 mil estudiantes con ayudas estudiantiles: 600 mil con gratuidad, más de 100 mil con becas de arancel y más de 200 mil con CAE.

Si bien el CAE pareció inicialmente resolver las necesidades de financiamiento estudiantil sin presionar las finanzas públicas, en la práctica, el desembolso fiscal ha aumentado más de 70%, mediante la recompra, recarga y ejecución de garantías, siendo este último componente casi el 50% del gasto. La banca privada ha perdido interés en participar del sistema, BancoEstado ha sido el único participante en los últimos tres años y el fisco ha multiplicado por 10 la tenencia del stock de créditos. En la práctica, el fisco ya es acreedor de casi el 60% de los recursos asociados a los créditos vigentes.

Por esta razón, las últimas tres administraciones se han planteado la misma pregunta: ¿Existe una mejor manera de utilizar los recursos públicos que hoy se desembolsan por el CAE? Nuestra respuesta, al igual que la de gobiernos anteriores que han impulsado propuestas sobre el tema, es que sí.

El actual proyecto no solo se hace cargo del pasado, también construye una solución sostenible hacia el futuro, basada en dos factores: prescinde de los costos ligados a la participación de bancos y es más eficiente en el cobro al usar capacidad instalada del sistema tributario. Al mismo tiempo, contiene fuertes incentivos para reducir la morosidad acumulada con el CAE y la presión inmediata sobre las finanzas públicas eliminando becas redundantes con la gratuidad y postergando los gatillos de ampliación de esta. Todo ello genera un ahorro de recursos de más de 2.000 millones de dólares en valor presente, contribuyendo a la sostenibilidad fiscal y disponibilizando recursos que podrán destinarse a responder otras necesidades más urgentes del sistema educacional.

Durante su tramitación en las comisiones de Educación y de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, el proyecto se enriqueció a través de indicaciones, con valiosos aportes de los parlamentarios, sus equipos técnicos y del diálogo con actores educacionales. Tal diálogo sin duda continuará en lo que resta del proceso legislativo, siguiendo los lineamientos y respondiendo las preocupaciones manifestadas.

Sin embargo, es crucial resistir la tentación de legislar con una visión de corto plazo. Esto se aplica, por ejemplo, a la norma que posterga la incorporación de nuevos deciles a la gratuidad universitaria: en 2024, el gasto del Estado en gratuidad en la educación superior superó los 2.000 millones de dólares, más que el presupuesto completo del Ministerio de Desarrollo Social, y sigue creciendo en el orden de 200 millones de dólares por año. El FES alivia la presión sobre la gratuidad al establecer un mecanismo fácil, expedito y justo de financiamiento para los estudiantes que no accedan a ella. Por eso el Ejecutivo repondrá en la Sala esta norma, rechazada en la comisión de Hacienda con el inexplicable apoyo de diputados que constantemente reclaman por el control del gasto.

La educación superior sigue representando un esfuerzo económico importante para muchas familias, y los apoyos del Estado ocupan un lugar significativo en las finanzas públicas. El Gobierno está comprometido en actuar con responsabilidad, altura de miras y diálogo. La próxima semana se verá si, aún en un año electoral, el sistema político está dispuesto a lo mismo.

Mario Marcel Cullell
Ministro de Hacienda
Javiera Martínez Fariña
Directora de Presupuestos