En la sección “Medidas prioritarias” del programa con que Jeannette Jara se presentó a las primarias de su sector, el punto 10 de la página 5 dice textualmente: “Promoveremos una minería sustentable y con valor agregado, nacionalizando el litio y el cobre, fortaleceremos la economía circular y aplicaremos plenamente el Acuerdo de Escazú”.

Resulta ilustrativo constatar que, a pesar de lo inequívoco de su redacción, la candidata haya afirmado que la nacionalización no formaba parte de sus planteamientos. Ello sugiere que, en su fuero interno y en las actuales circunstancias políticas, afirmar aquello no parecía conveniente para su campaña. Seguramente, ayudaría a consolidar su imagen de fiel seguidora de los planteamientos de siempre de su partido, el comunista, con todas las negativas consecuencias para atraer votos de la ciudadanía menos doctrinaria.

A pesar de que ella reconoció que fue un “error” decir que su programa no contenía la mencionada nacionalización, luego afirmó que el tema no formaría parte de la plataforma “reseteada” que prepara y ayer llegó a decir que “no hay posibilidad de que se nacionalice algo que ya es nacional”. Pero ello no cambia en nada el planteamiento permanente del PC y de una parte de la izquierda, de que la nacionalización del cobre es central en su propuesta país. En esta mirada, la nacionalización de 1971 estaría siendo “burlada” por la legislación minera vigente y urgiría, entonces, “renacionalizar” la explotación del metal.

Pero, ¿a qué se refieren con ello? ¿A volver a estatizar las minas como se hizo en 1971? ¿Con qué recursos? ¿Se pretende usar el argumento de la UP, de que las utilidades ya obtenidas por las empresas son suficiente compensación, transformando de paso al país en un paria del derecho? ¿O se quiere hacer vía asociaciones forzadas de Codelco con las empresas mineras privadas existentes, y las que en el futuro quieran instalarse, como se está intentando hacer con el litio? ¿Otra fórmula en ese estilo?

Sea lo que sea, el planteamiento importa una estrategia de desarrollo profundamente inconveniente para el país. No solo implicaría cambios radicales en las reglas del juego, traduciéndose en onerosos y prolongados juicios para el fisco, sino que generaría una profunda desconfianza en los inversionistas respecto de la seriedad de nuestro Estado de Derecho. En un escenario de ese tipo, la inversión minera privada podría desplomarse y la exploración diluirse, con enormes perjuicios para los ciudadanos. Ejemplo de ello es lo que ha ocurrido con el gas en Bolivia luego de la llegada de Evo Morales al poder. La nacionalización de sus yacimientos —que en los hechos implicó imponer a las empresas privadas nuevos y onerosos contratos— pudo funcionar mientras se mantuvieron los altos precios del combustible, pero significó terminar con la exploración e inversión en nuevos pozos mientras los antiguos, sobreexplotados, se agotaban, y así el país se fue quedando sin divisas y en la severa crisis económica que hoy lo aflige.

Contrasta aquello con lo que Argentina está haciendo. La explotación del gas y el petróleo la realizan empresas privadas, además de YPF, empresa estatal pero con participación privada, que se transa en la bolsa de NY. Su actual administración se está desprendiendo de todos los yacimientos tradicionales, para concentrar su desarrollo solo en Vaca Muerta, invirtiendo, en asociación con privados, en oleoductos y puertos, con la idea de ir desprendiéndose de su paquete accionario a medida que este aumente de valor. Eso es muy distinto a nacionalizar.

La postura del PC en materia minera ha sido superada hace tiempo en el mundo. Jeannette Jara está atrapada entre la lealtad al partido en el que milita desde los 14 años y su intuición respecto de lo que los votantes realmente quieren para el país.