La principal fuente de financiamiento de las instituciones de educación superior en Chile son los aranceles de pregrado, tanto si ellos son pagados vía gratuidad, créditos o aportes de las familias. Las decisiones que afecten sus montos tienen, por consiguiente, un efecto relevante en el destino de las instituciones, en las características de sus respectivos proyectos y, finalmente, en su autonomía. Por eso, si el Estado intenta moldearlos, se corre el riesgo de afectar estas tres dimensiones. Es lo que ha estado ocurriendo desde que se avanzara en la introducción de la gratuidad. En efecto, con ella hubo que definir un monto a transferir por estudiante. Este podría haber respetado los aranceles efectivos de las instituciones, pero, como estos eran diferentes, se quiso avanzar a un modelo único, sin analizar si esas especificidades tenían sentido. El esquema elegido fue uno de costos para grupos de carreras similares, despreciando la posibilidad de que la formación de pregrado pudiese hacerse de una manera distinta a una “tradicional” y que esta agregase un mayor valor a los jóvenes que la prefirieran. Ello dio origen a un arancel regulado, que definió el traspaso que debía hacerse a las instituciones por concepto de gratuidad.

Este valor se fijó por debajo del arancel efectivo, obligando a muchos planteles a ajustar sus proyectos. Sin embargo, el esquema terminó aceptándose porque se estimó que tendría un impacto acotado, atendido que muchos estudiantes no recibirían este beneficio. Pero ahora que, en el marco del proyecto sobre nuevo Financiamiento de la Educación Superior (FES), se quiere prohibir el copago por sobre el arancel regulado en los deciles 7 al 9, la preocupación de las instituciones se ha incrementado. Dicho arancel sigue estando muy por debajo del efectivo, de modo que los ingresos serán otra vez afectados negativamente y, en muchos casos, por un monto mayor que con la gratuidad. La autonomía de las instituciones, por tanto, quedaría severamente debilitada. La semana pasada, la comisión de Hacienda de la Cámara rechazó el artículo 14 del proyecto, que es el que prohíbe el copago y que antes sí había aprobado la comisión de Educación. Una vez que concluya la votación en Hacienda, la sala deberá dilucidar esta discrepancia. Para asegurar la autonomía de las instituciones de educación superior y no dañar sus finanzas, los diputados deberían también votar en contra de este artículo.

Pero el proyecto tiene más aspectos complejos. Entre otros, la disposición que puede llevar a que los egresados de mayores rentas deban devolver varias veces el aporte que les haya hecho el Estado durante sus estudios. Se trata de un verdadero impuesto que, si bien se ha discutido, no ha prosperado en otras latitudes por todas las distorsiones que puede generar. El debate es complejo, porque los cambios en el articulado pueden tener efectos fiscales y se desafiará su admisibilidad. Con todo, la discusión revelará la disposición a “cobrar” ese impuesto, que constituiría una pesada carga para un grupo muy relevante de egresados.

En fin, otra dimensión de este debate es la “ingenuidad” que trasunta el proyecto respecto de los incentivos y desincentivos que introduciría. El texto parece haberse elaborado sobre el supuesto de que sus contenidos no modificarán mayormente las intensidades de uso de este instrumento respecto del actual CAE y las becas, ni tampoco afectarán las decisiones de las instituciones en cuanto a adscribir o no a la gratuidad. El punto es que si esos elementos sí cambian, los impactos fiscales serían impredecibles. Por eso el Consejo Fiscal Autónomo ha solicitado simulaciones razonables, que permitan entender el rango en el que podrían moverse los desembolsos fiscales y acotar los riesgos. Sin embargo, esas simulaciones aún no han sido trabajadas por Hacienda. Existe así la posibilidad de que la Cámara decida el destino de esta iniciativa sin información fundamental para una adecuada deliberación.