En tiempos donde la inmediatez de las redes sociales transforma el debate público y la tecnología moldea cada rincón de la vida política, se vuelve imperativo establecer límites claros que protejan los valores democráticos, la dignidad de las personas y la transparencia electoral.

Esta campaña presidencial no solo definirá el futuro político del país, sino que será también una prueba crucial sobre nuestra capacidad colectiva para enfrentar el lado oscuro de la era digital.

La experiencia internacional ofrece valiosas lecciones. En Francia, durante las elecciones presidenciales de 2017, el gobierno impulsó una alianza entre plataformas digitales, medios de comunicación y actores políticos para frenar la desinformación. El resultado fue un modelo de colaboración que limitó la propagación de noticias falsas en los días previos a la segunda vuelta.

Por su parte, Alemania ha legislado contra los discursos de odio y la manipulación digital desde 2018 con la ley NetzDG, obligando a las redes sociales a actuar rápidamente ante contenidos que violen las normas democráticas.

Estas experiencias demuestran que es posible enfrentar el desafío ético del entorno digital sin caer en la censura, mediante el compromiso responsable de todos los actores.

El Pacto Ético Digital, que desde hace algún tiempo diversas voces en nuestra sociedad hemos promovido, debiera tomar contenido y fuerza y ser mucho más que una declaración simbólica. Debe convertirse en un verdadero compromiso vinculante para partidos políticos, candidatos, gremios empresariales y de trabajadores, medios de comunicación, plataformas tecnológicas y la academia. Su objetivo principal debe ser evitar el uso malintencionado de datos personales, el uso de bots, la desinformación, el discurso de odio, la denostación y la manipulación algorítmica durante la contienda electoral.

La protección de los datos personales es un punto neurálgico. La ciudadanía tiene derecho a saber quién accede a su información, cómo se usa y con qué fines. El uso de microsegmentación con fines políticos, como ocurrió en el caso de Cambridge Analytica, atenta contra el principio de equidad electoral.

Como advierte Shoshana Zuboff, experta en vigilancia digital de Harvard, “la democracia no puede sobrevivir a un capitalismo de vigilancia sin control ciudadano”.

Para que este pacto tenga legitimidad, debe nacer del diálogo amplio y plural. El Servel debería convocar a todos los partidos a suscribir un acuerdo que, con vigilancia de la sociedad civil, evite campañas sucias, guerras de memes, deepfakes y manipulaciones que distorsionen la voluntad popular. Las universidades y medios de comunicación deben formar parte del esfuerzo, generando observatorios digitales que identifiquen patrones de riesgo. Los gremios tecnológicos y comunicacionales, por su parte, deben asumir un rol activo en la autorregulación de sus plataformas.

Este no es solo un llamado a la responsabilidad: es un grito por la defensa de la democracia. Porque el algoritmo no puede decidir por nosotros. Porque el debate político debe ser libre, limpio y basado en ideas, no en estrategias de manipulación. Porque los datos personales no son armas de campaña, sino parte de nuestra identidad.

Hoy tenemos la oportunidad de marcar un precedente. De mostrar al mundo que la ética también puede ser viral. Que el respeto, la verdad y la transparencia pueden ganarle a la mentira con el mismo poder de difusión. Que las reglas del juego democrático no se negocian, se honran.

El momento es ahora. Que cada partido firme, que cada medio se comprometa, que cada ciudadano exija. Porque una campaña limpia no es una utopía digital: es una urgencia democrática. Como dijera Václav Havel: “La esperanza no es la convicción de que algo saldrá bien, sino la certeza de que algo tiene sentido, independientemente del resultado”.

Hoy tiene sentido luchar por un pacto ético digital porque más allá de quien resulte electo, debemos defender la democracia como sistema político y la verdad como valor de nuestra sociedad. Y esa lucha nos convoca a todos.

Felipe Harboe Bascuñán
Abogado