Los secuestros extorsivos no solo se han incrementado, sino que parecen haberse instalado como parte de la realidad cotidiana. Así lo reconoce abiertamente el fiscal nacional, para quien Chile cambió en forma radical en los últimos años: “las calles no son las mismas que teníamos antes, la noche no es la misma que teníamos antes”. Esta nueva realidad se refleja en el cambio de costumbres sociales de la población, el cierre temprano del comercio y de restaurantes, el gasto en sistemas cada vez más costosos de seguridad, hasta el punto de que algunos vaticinan la pronta aparición de guardaespaldas, tal como existen en México o en Colombia. Junto con los secuestros, se incrementa también la cantidad de homicidios y otros delitos graves. Todos los días tienen lugar balaceras y casi con la misma frecuencia aparecen cadáveres en comunas como Recoleta, que hasta hace poco albergaban tranquilos barrios residenciales.

Por otro lado, se nos informa que Carabineros no ejecuta las órdenes judiciales al realizar controles vehiculares; que las policías han ejecutado solo la mitad del presupuesto de la Política Nacional contra el crimen organizado, que tiene al menos dos años de antigüedad; que el sistema de custodia de reos peligrosos por Gendarmería adolece de graves falencias; que no existe un control adecuado del tránsito a través de las fronteras, y que ni siquiera contamos con los medios o con la voluntad para individualizar correctamente a todas las personas que ingresan al territorio. Se ha dicho que estos problemas existen también en algunos países desarrollados, pero la escala del nuestro debiera permitir un control más efectivo.

La situación es, entonces, grave y apremiante. Sin embargo, la percepción es que las autoridades están completamente desbordadas, son incapaces de gestionar el problema o carecen de voluntad para hacerlo. Solo a nivel local se observan esfuerzos decididos, que llaman la atención por su excepcionalidad, aunque en rigor se limitan a hacer cumplir un mínimo estándar de juridicidad. Tal es el caso de la decidida acción del alcalde de Santiago contra el comercio ilegal, foco y origen de toda clase de problemas de seguridad, y del alcalde de Ñuñoa para rechazar la violencia estudiantil. Mientras tanto, muchos otros alcaldes observan de brazos cruzados cómo prosperan o se mantienen impunemente las tomas de terrenos públicos o privados, o cómo las bandas ligadas al crimen organizado penetran el tejido social. En un ejemplo absurdo, solo cuando un destacado arquitecto mencionó en una radio que los narcos intervienen en las zonas destruidas por el incendio de Viña del Mar, una realidad vastamente conocida desde hace mucho tiempo, hubo alguna reacción comunicacional de parte de las autoridades. Nadie en el Estado es responsable. A nadie se le pide cuentas.

En esta materia no hay fórmulas mágicas ni balas de plata. Pero es un hecho que la autoridad no está a la altura de las circunstancias. La contención del crimen es de tal trascendencia para el futuro del país, que en noviembre la ciudadanía debería entregar su voto solo a quienes hayan presentado un programa sólido y creíble para lograr este objetivo.