La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) formuló cargos contra el Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico, por el apagón total de febrero pasado. Si los cargos quedan a firme, esto podría significar multas de hasta 30 UTA, es decir, $24,7 millones para cada consejero, por lo que estos preparan su defensa frente a las acusaciones.

El apagón tuvo un costo estimado en US$ 450 millones, debido a su profundidad (un 98% versus, por ejemplo, el 50-60% registrado en el apagón sufrido por España en abril de este año) y a su larga duración. Y es que ese 25 de febrero el sistema eléctrico tardó demasiado en recuperarse, extendiéndose la falla mucho allá de lo tolerable y generando caos en las principales ciudades. Se comprende así que el público y el mundo político busquen responsables por lo ocurrido. Algunas de esas responsabilidades son obvias, como la de Interchile, pues la caída de los dos circuitos de su línea de 500kV que trae energía desde el norte fue la causa original del problema.

Debido a que la mayor parte de la generación fotovoltaica proviene de allí, el país depende de esa línea para transportar grandes flujos de electricidad que atiendan durante el día la demanda en la zona central. Por eso, el Coordinador preparó en 2020 un plan de contingencia para hacer frente a la posibilidad de una falla. El plan consistía en instalar equipos automáticos que dividieran el territorio en dos islas eléctricas que continuarían operando. Para lograrlo, se requería que se redujeran las inyecciones eléctricas en la zona norte (que quedaría con excesos de electricidad), mientras que en el sur —que tendría un déficit— debería desconectarse parte de la demanda y aumentar la generación de algunas centrales. Así, ambos subsistemas seguirían operando correctamente y se facilitaría la recuperación del sistema completo.

En 2024, además, el Coordinador había emitido un informe en el que señalaba que, de producirse una caída de los dos circuitos de Interchile, el sistema podría operar correctamente si la carga en la línea no superaba los 1.600MW de potencia. Por el contrario, con cargas mayores, el sistema se volvería inestable. El punto es que el 25 de febrero de este año, cuando se produjo la falla, la línea estaba transfiriendo 1.800MW, es decir, operaba por sobre el límite seguro. Es a partir de ello que la SEC formula los cargos al Consejo Directivo, pues le recuerda que entre sus obligaciones está la de velar por la seguridad del servicio y, según la Superintendencia, al haber permitido que la línea Pan de Azúcar-Polpaico superara los 1600MW, puso en riesgo esa seguridad.

El Consejo debe ahora presentar su defensa. Algunos de sus argumentos podrían apuntar a que la norma técnica obliga al Coordinador a operar el sistema a mínimo costo bajo el criterio de seguridad N-1 (es decir, admitiendo que falle un circuito de la línea de 500kV); por ello, no podría restringirlo a valores de 1600MW cuando la energía del norte es de bajo costo. Además, simulaciones del sistema que reproducen su operación antes de la falla mostrarían que, si se hubieran instalado los equipos (de costo relativamente bajo) para formar las islas en forma rápida, estas habrían sido estables. A eso se agrega el que algunos de los equipos automáticos existentes no operaron correctamente y hubo centrales que se desconectaron antes de lo que debían, todo lo cual empeoró las cosas. Desde el Coordinador se sostiene que este informó repetidamente a la Superintendencia de los retrasos en las protecciones ordenadas y en las deficiencias que advirtió, pero el órgano fiscalizador no habría realizado las investigaciones ni impuesto las sanciones correspondientes a las empresas.

Estando todavía en desarrollo el proceso para establecer las responsabilidades, el panorama que hasta ahora emerge a partir de las versiones de los distintos actores resulta inquietante: empresas que no estarían cumpliendo las órdenes de quien las coordina, una Superintendencia que no las sanciona y un Coordinador que no considera esas faltas al despachar el sistema. Parece una muestra clara de que nuestra institucionalidad eléctrica tiene deficiencias y que urge reformular su estructura para evitar que se repitan estas contingencias. En particular, sin un ente fiscalizador cuyas eventuales sanciones efectivamente sean temidas, es difícil que el sistema ofrezca la seguridad de servicio que el país merece.