Las deportaciones masivas de niñeras, jardineros y meseros indocumentados, que en su gran mayoría no tienen antecedentes penales, están generando una creciente oposición pública a las políticas migratorias del Presidente Donald Trump. Sin embargo, hay un grupo que está feliz: el poderoso complejo industrial de las prisiones privadas.

Una encuesta reciente de Gallup reveló que actualmente solo el 30% de los estadounidenses quiere que se reduzca más la inmigración, contra un 55% que deseaba eso hace un año. Aún más sorprendente, un récord del 79% ahora dice que la inmigración es buena para el país.

Sin embargo, en marcado contraste con la opinión pública, la llamada ley “Grande y Hermosa” de Trump asignará una cifra récord de US$ 170 mil millones para la captura y deportación de indocumentados en los próximos cuatro años.

Para poner esto en perspectiva: es más que los presupuestos combinados del FBI (US$ 11 mil millones al año) y la CIA (US$ 15 mil millones al año). O sea, el gobierno de Trump ahora gastará más en detener a inmigrantes indocumentados que en atrapar a asesinos seriales o terroristas.

La ley “Grande y Hermosa” de Trump incluye US$ 45 mil millones en fondos para construir nuevos “centros de detención” —los críticos los llaman campos de concentración— para inmigrantes en los próximos cuatro años. Además, varios estados están destinando sus propios fondos a la construcción de cárceles para inmigrantes, como la “Alcatraz de los Caimanes” de Florida.

El monumental presupuesto para la detención y deportación de inmigrantes es maná del cielo para el complejo industrial de las prisiones privadas.

Como argumentó la representante Verónica Escobar, demócrata de Texas, la ley “Grande y Hermosa” no “hace nada para ‘asegurar la frontera', sino que utilizará tu dinero para enriquecer a las corporaciones que se benefician de las deportaciones masivas”.

Añadió que los arrestados y deportados, en su enorme mayoría, no son criminales violentos, sino gente trabajadora. De hecho, un estudio reciente del Instituto Cato reveló que, del 93% de las 205.000 personas detenidas por el servicio de inmigración desde octubre, el 65% no tiene ninguna condena penal.

Lauren-Brook Eisen, directora sénior del Centro Brennan para la Justicia de la Universidad de Nueva York, me dijo que el aumento de la financiación para la ofensiva migratoria de Trump es “increíblemente preocupante” por varios motivos.

La nueva ley, advirtió, crea “un sistema de detenciones masivas” que será muy difícil de desmantelar después de que Trump deje la presidencia. Las gigantescas empresas de cárceles privadas —y sus proveedores en la industria del transporte, la salud y la alimentación— tendrán un interés permanente en cabildear en Washington para que se continúen las deportaciones masivas, incluso si eso perjudica la economía estadounidense o genera crisis humanitarias. Además, Trump prácticamente ha desmantelado dos oficinas clave del Departamento de Seguridad Nacional: la Oficina del Defensor del Pueblo para la Inmigración y la Oficina de Derechos Civiles y Libertades. Ambas oficinas “cumplían un rol de supervisión crucial de las cárceles”, me dijo Eisen.

Mientras tanto, las acciones de las principales empresas de cárceles privadas, como GEO Group y CoreCivic, se han disparado desde la elección de Trump a fines del año pasado. Las acciones de GEO Group aumentaron un 61% y las de CoreCivic, un 41% desde noviembre de 2024. En comparación, el Promedio Industrial Dow Jones de la bolsa de Wall Street subió solo un 7% durante el mismo período.

Como era de esperar, el complejo industrial carcelario está en plena expansión. El presidente ejecutivo de GEO Group, George C. Zoley, fue citado diciendo en una conferencia telefónica a principios de este año, refiriéndose al alud de nuevos contratos de su empresa, que “nunca habíamos visto algo así”.

Considerando la creciente oposición pública a la crueldad y la irracionalidad económica de las deportaciones masivas de Trump, como mostró la encuesta de Gallup, es hora de que los legisladores sensatos del Congreso estadounidense exijan una supervisión mucho mayor sobre las prisiones privadas.

De lo contrario, se gestará un poderoso sistema carcelario privado sin muchos controles y con una agenda política propia. Será un monstruo difícil de domar, incluso después de la eventual salida de Trump.