Los anuncios del jueves en la noche de nuevos aranceles para las exportaciones de decenas de socios comerciales de Estados Unidos, incluido Chile, fortalecen el proteccionismo, con negativas repercusiones en el comercio y el crecimiento económico global, así como para las relaciones bilaterales con el nuestro y otros países.

La decisión tarifaria del Presidente Donald Trump transgrede el libre comercio —política de Estado de sucesivas administraciones norteamericanas—, empleando los aranceles como instrumento de amplio espectro y variados propósitos. En efecto, la elevación del arancel promedio, de un nivel situado entre 2% y 3%, a 18%, ha sido aplicada con el fin de alcanzar objetivos de recaudación presupuestaria, fortalecimiento de las producciones nacionales, impulso a las exportaciones, protección de empleos, incremento de las inversiones domésticas y equilibrio de las balanzas comerciales bilaterales. Pero no es todo. Los aranceles también están siendo utilizados por el mandatario norteamericano como instrumentos de presión para fines políticos relacionados con el control del ingreso de fentanillo a su país, el narcotráfico, la migración irregular, la seguridad nacional, la defensa y otros aspectos de la agenda presidencial. Incluso, en el caso de Brasil, se los está empleando para presionar por la situación judicial del exmandatario Jair Bolsonaro y también para promover negociaciones de paz entre Tailandia y Cambodia, y entre Pakistán e India.

Donald Trump, junto con introducir de este modo el proteccionismo, abre además espacios para la corrupción proveniente del eventual uso indebido de influencias para la negociación tarifaria, y afecta el orden comercial global, por la anulación de la cláusula de nación más favorecida —clave para combatir discriminaciones arbitrarias— y por la transgresión a los tratados de libre comercio celebrados por Estados Unidos.

El camino recorrido por Washington en estos meses ha sido tortuoso. Todo partió el “Día de la liberación”, el pasado 2 de abril, cuando Trump anunció aranceles de entre 10% y 50% para 185 países y economías, con la aplicación inmediata de un básico de 10% y de uno de 25% para automóviles; el resto, los llamados aranceles “recíprocos”, entrarían en vigencia a partir del 9 del mismo mes, si bien sujetos a la imposible negociación que eventualmente, en solo una semana, se daría con los respectivos países. A ese anuncio siguió una abrupta caída de los mercados bursátiles mundiales y de los bonos del Tesoro. Ello obligó a Trump a echar parcialmente pie atrás y postergar los aranceles recíprocos hasta el 31 de julio, nuevo plazo para las correspondientes negociaciones y que venció esta semana.

De este modo, se terminaron definiendo, por ejemplo, aranceles del 39% para Suiza, 35% para Canadá, 25% para India y 20% para Taiwán. Para la mayoría de los países se situaron, en todo caso, entre 15% y 10%. En 15% quedaron los aplicados a la Unión Europea, Japón, Venezuela y Corea del Sur, y en 10% para Reino Unido, Australia, Perú y Chile. Factor determinante en las definiciones adoptadas fueron las barreras y niveles arancelarios, pero también los saldos comerciales a favor o en contra de Estados Unidos.

En rigor, sin embargo, las negociaciones se encuentran lejos de estar concluidas, permaneciendo la incerteza que se pretendió despejar con el plazo del pasado 31 de julio. Desde luego, la facultad de Donald Trump para fijar aranceles está siendo discutida ante la justicia de su propio país. Además, siguen pendientes las negociaciones con China y México, y podría también tomar varios meses el concluir acuerdos reglamentarios, sobre exenciones y reglas de origen. Ello, aparte de los aranceles específicos que aplicará Estados Unidos a los productos forestales, el aluminio, el hierro y el litio.

Aunque no es buena noticia, la limitación del arancel del 50% que se había anunciado para el cobre —solo se aplicará a manufacturas como tuberías, alambre y alambrón—, sí representa un alivio para Chile, al quedar exentos temporalmente los cátodos (cobre de alta pureza), que sí estarían sujetos, a partir de 2027, al 15% y a 30% desde 2028. Los cátodos son la principal exportación nacional a Estados Unidos, representando cerca de un tercio del total.

Por cierto, la exención de los cátodos es de toda lógica: la capacidad de producción y refinación de cobre de alta pureza de la potencia norteamericana es limitada y difícilmente podría sustituir las importaciones nacionales en el corto y mediano plazo. De hecho, fue esta misma consideración la que, en 1984, llevó al Presidente Ronald Reagan a rechazar la solicitud de aplicación de aranceles al cobre. Y es que los aranceles solo producirían un encarecimiento, con efectos inflacionarios, en su mercado interno, y dañarían, además, la competitividad de las exportaciones de manufacturas de cobre norteamericanas.

Pese a lo anterior, desde el punto de vista de Chile, las negociaciones resultan insatisfactorias, dada la negativa de Washington de excluir a nuestro país del arancel base de 10%. Se trata de una medida contraria a la reciprocidad, considerando el actual superávit comercial a favor de Estados Unidos y la ausencia de barreras arancelarias, cuotas, certificaciones y trámites paraarancelarios que afecten a sus exportaciones. El 10% representa un aumento varias veces superior al valor vigente y contradice el Tratado de Libre Comercio en aplicación y el principio de reciprocidad tantas veces justificado por el propio Donald Trump. Daña así injustificadamente las exportaciones nacionales, considerando que algunas deberán asumir los costos de las tarifas y perder mercado por el incremento de los precios. Chile tiene fundamentos y, como lo están anunciando otros países, debería insistir en la eliminación del arancel básico y precaverse de la eventual alza futura de aranceles para el cobre.