Señor Director:

Con fecha 30 de julio, la Subsecretaría de Educación Superior remitió a las instituciones de educación superior un oficio en el que solicita información relativa a las remuneraciones de todas las personas que trabajamos en ellas, de acuerdo a lo indicado en dos glosas de la Ley de Presupuestos de este año.

Más allá de las dudas razonables acerca de la legalidad de estas glosas (cabe recordar que la ley establece como el primer principio del Sistema de Educación Superior la autonomía de las instituciones, entendida “como la potestad para determinar y conducir sus fines y proyectos institucionales en la dimensión académica, económica y administrativa”), hago ver el absurdo que supone tener que informar “el detalle de las remuneraciones de cada uno de los integrantes de las instituciones de Educación Superior, sean estas públicas o privadas, que ejerzan labores docentes y/o de investigación”, según establecen las glosas que comento.

Además del tiempo perdido en la generación de esta información, cuesta entender el beneficio real que esta pueda aportar a la formación de nuestros estudiantes, pero especialmente cabe preguntarse en qué otro ámbito en nuestro país el legislador pide por ley de presupuestos información acerca de las remuneraciones de cada uno de sus colaboradores. Esto no sucede con otras instituciones que también reciben recursos públicos, como establecimientos escolares, empresas constructoras o clínicas privadas.

Simplemente un despropósito y un control que excede el más elemental sentido común, hacia instituciones de educación superior que ya se encuentran supervisadas por una superintendencia y que tienen estrictos estándares de calidad de los que dar cuenta ante la Comisión Nacional de Acreditación. Ni Orwell discurrió algo semejante.

Juan Eduardo Vargas
Rector Universidad Finis Terrae